El Colegio de Abogados defiende trabajadores y enfila cañones contra la JCF

El presidente del Colegio de Abogados y Abogadas de Puerto Rico (CAAPR), Lcdo. Alejandro Torres Rivera, denunció que la Junta de Control Fiscal continúa implantando y proponiendo medidas, por conducto de la Rama Ejecutiva, que afectan negativamente a la clase trabajadora del país y que en nada abogan al crecimiento económico de Puerto Rico.

“La Ley 80 no prohibe los despidos si se ajusta al concepto de “justa causa” que la propia ley contempla.  No obstante, si el despido es injustificado, la ley no le da total impunidad al patrono estableciendo así su responsabilidad económica frente al trabajador”, enfatizó el abogado.

El presidente del CAAPR también urgió a la Legislatura a defender sus prerrogativas constitucionales que intenta usurpar la Junta de Control.

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“No es sorpresa que por nuestra condición colonial estemos a la merced de una Junta de Control impuesta por el Congreso de Estados Unidos. Esta junta, antidemocrática, desde su inicio ha querido implantar en el país unas alegadas medidas de austeridad pero enfocadas hacia la población más vulnerable. En ese sentido, la Legislatura como representante directa del pueblo tiene que dar la lucha para impedir que sus facultades sean arrebatadas y defender los derechos tanto de los trabajadores, como de los comerciantes puertorriqueños, que son los que se verán afectados con esta iniciativa”, aseguró Torres Rivera, quien se ha destacado como abogado laboral durante toda su carrera.

Recientemente la Junta de Control y el Gobernador, Ricardo Rosselló, acordaron una serie de medidas como parte de su política de austeridad y desarrollo económico, entre las que se destaca la eliminación de la Ley 80, que prohíbe el despido injustificado en Puerto Rico. La Junta de Gobierno del Colegio de Abogados y Abogadas aprobó en el 2016 la Resolución Núm. 24, en la que rechaza la imposición de la Junta de Control y las medidas de austeridad impuestas al pueblo.