La comisionada del Negociado del 9-1-1, Yazmín González fue enérgica, tajante y categórica en su rechazo a los señalamientos que ayer emitieron dos fuentes del del Communications Workers Association (CWA), mediante declaraciones escritas a este medio.
PUBLICIDAD
González, de hecho, calificó como “completamente falso” las indicaciones que la ubican cometiendo “traición” a los empleados del 9-1-1 , durante una conversación con El Calce, en la que se mostró enérgica en sus posturas sin perder la ecuanimidad que le exige su puesto.
Acentuó que la propaganda que se ha regado sobre ella de parte de las huestes del Local 3010 de la CWA, en la que indican que ella cabildeó para detener la Ley 32-2020 que asegura fondos para el 9-1-1 “es un ataque” y que esos planteamientos “son absurdos”, pues , primero, asegura que siempre respaldó el proyecto y que en su potestad no se encuentra esa toma de decisiones.
“La comisionada Yazmín González en una movida a traición, cabildeó, para que la ley 32-2020 fuera vetada por la gobernadora y revocada por la Junta de Control Fiscal. Esto debido a la mala utilización de fondos, y el aumento indiscriminado en los gastos de la agencia que fueron de un 50% a un 67%. [SIC]”, destacaron fuentes del local 3010 de Puerto Rico del Communications Workers Association (CWA), mediante declaraciones escritas, durante el día de ayer, lunes 17 de agosto.
Según integrantes de ese gremio, “la gobernadora de Puerto Rico firmó la ley 32-2020 el pasado 24 de marzo, que protege los fondos del negociado 9-1-1 y evita la desviación de fondos que ha ocurrido por años”. No obstante, “hoy la gobernadora ha dicho que dicha ley no es compatible con el plan fiscal”.
“El 9-1-1 es una agencia con fondos propios y que recibe fondos federales que deben ser utilizados para propósitos relacionados con la atención de llamadas de emergencia. Sin embargo este negociado tiene un largo historial de desvío de fondos, por tal razón se creó la mencionada ley, que busca la protección de estos fondos y devolver la autonomía fiscal al 9-1-1 .Si no está la ley 32-2020 en vigor, la comisionada del 9-1-1 y al secretario del DSP Pedro Janer pueden mover los fondos como ellos entiendan, en vez de asignarle los fondos donde van”, habían destacado los representantes de la unión, con condición del anonimato individual.
“Eso no es cierto”
Pero la comisionada le salió al paso a estos comentarios, mostrando su sorpresa y hasta indignación ante lo que entiende han sido ataques sorpresa y sin fundamentos.
“Nada de eso es cierto. El año pasado, en el mes de agosto, salió e proyecto, al cual siempre le di el aval. Hubo unas inquietudes pero nunca, nunca hubo objeción de parte nuestra”, explicó, mientras tanto González.
“Nosotros estamos regulados por entes federales, pero los fondos que usamos no son federales”, resaltó, recordando que el principal problema que enfrenta el puesto de comisionado es la aberrante burocracia con la que tiene que lidiar, recibiendo presiones de todos lados pero con la potestad final para tomar decisiones siempre en las manos de la Junta de Control Fiscal.
“Decir que yo cabildeo en contra de los beneficios de los trabajadores es decir algo falso”, apuntó.
González recordó que entre las primeras cosas que realizó a su llegada en 2018 fue buscar que se aprobara la Ley 77 de 2019, que separa al 9-1-1 del sistema del 3-1-1, lo que le da mayor fluidez al negociado que ella dirige.
“Nosotros estamos regulados por entes federales, pero los fondos que usamos no son federales”, resaltó, recordando que el principal problema que enfrenta el puesto de comisionado es la aberrante burocracia con la que tiene que lidiar, recibiendo presiones de todos lados pero con la potestad final para tomar decisiones siempre en las manos de la Junta de Control Fiscal.
Asimismo, destacó que entendía que, por la comunicación que siempre ha existido entre ella y el presidente del Local 3010, de la CWA, Aramis Cruz, los ataques de ayer le sorprendieron.
Ante cuestionamientos de este diario digital, González recordó que cuando llegó en agosto de 2018 al negociado “no había mucha atención para las necesidades del personal, las herramientas no eran las optimas”.
“Por ejemplo, trabajamos con el acondicionamiento de los centros, se les gestionaron las sillas con aptitudes ortopédicas, a un costo de $1,600 cada silla. Se les proveyó equipo apropiado, nuevo y actualizado. Se acogieron las recomendaciones que nos han dado, como con los adiestramientos que ellos mismos sugirieron. Juntos hemos participado en una serie de iniciativas para adelantar lo que podemos, porque sabemos de la burocracia con la que tenemos que bregar”, apostilló.
Por eso, es que entiende que el reclamo de la CWA debería llevarse directo a la Junta de Control Fiscal, pues, como es de conocimiento público, Fortaleza puede firmar leyes, pero el combo de Natalie Jaresko es el que tiene el voto final en todo.
González señaló que fue esta Junta la que le comunicó al Negociado del 9-1-1 que no avalaría las medidas de la Ley 32-2020, lo que quizás destapó la furia en su contra cuando se les comunicó.
“Cuando se aprobó la ley el 30 de abril, habíamos hecho las evaluaciones para reconocer lo de los beneficios y entendíamos que todo . Pero PROMESA requiere que toda ley del Ejecutivo pase por la Junta antes de hacerse efectiva. Aquí no entra un comisionado a decir que no va o no va. No depende de la comisionada si se va a dar o no va dar, nunca cabildeé, no sé de dónde salen con eso”, expresó.
“Desde que llegó, yo siempre he buscado mejorar las condiciones del personal y entiendo que ellos como matrícula tienen que hacer unas funciones, pero si remamos todos hacia un mismo lado es mejor”, articuló González, subrayando que espera pronto dialogar con los directivos de la unión para limar asperezas y aclarar este asunto en pos del beneficio de los trabajadores.