Los responsables de la tala indiscriminada de flora en Vacía Talega, en Loíza – en hechos denunciados desde el lunes – realizaron estos actos aún cuando en 2018 se les había denegado un permiso solicitado para tal obra.
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Documentos en poder de Metro y El Calce, muestran que el 2 de febrero 2018 la entidad conocida como VACIA TALEGA VILLAGE, SE, solicitó un permiso que fue denegado por el DRNA, dirigido en aquel entonces por Tania Vázquez.
“La bióloga Madeline Rivera Figueroa, en representación Vaciatalega Village, SE radicó a través del Sistema Unificado de Información (SUI) la Solicitud de Periso Simple Num. 2018-21733-PCT-002359, para una finca ubicada en el Barrio Torrecillas, con acceso a través de la Carr. PR-187, km. 8.9 del Municipio de Loíza”, narra la resolución en el primer punto de las determinaciones de hecho.
Dicha solicitud realizada por la bióloga Rivera Figueroa en nombre de Vaciatalega Village, SE “vino acompañada de un memorial explicativo” que indicaba que “el propósito de esta solicitud es recoger los árboles y palmas que fueron afectados por el paso del Huracán María y limpiar caminos que impida el paso…”, memorial que fue acompañado por varios anejos que incluían “fotos panorámicas de la finca donde se propone el recogido de árboles y palmas”.
En las fotos, indica la resolución, se puede observar que “el camino no está obstruido por ramas de árboles, árboles, pencas de palmas ni por palmas”.
“La rama de árbol que se presenta en la foto es un área la cual no requiere la utilización de máquinas tales como cargadores frontales y/o excavadores para ser removida del camino”, se expresa en las determinaciones de hecho.
“Las pencas de las palmas que se observan en las fotos no requieren la utilización de maquinaria tales como cargadores frontales y/o excavadores… No se observan en las fotos presentadas árboles ni palmas de mayor tamaño que que requieran la utilización de maquinarias tales como cargadores frontales y/o excavadores…. No se observan en las fotos presentadas árboles ni palmas de mayor tamaño que requieran la utilización de maquinaria tales como cargadores frontales y/o excavadores”, apunta la resolución.
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“Las ramas de árboles que se observan son de fácil manejo con equipos tales como sierras mecánicas, hachas y machetes, entre otros”, articula la resolución.
De igual forma, se señala que “el Memorial Explicativo” adjuntado por la bióloga Rivera Figueroa en representación de Vaciatalega Village, SE “indica que no habrá acarreo por lo que no requiere el uso de camiones… Por lo tanto, la actividad es una de almacenar ramas caídas, pencas caídas, que es un proceso normal sin que ocurra algún huracán o tormenta”.
“No se presenta el deslinda de la Zona Marítima Terrestre (ZMT), certificado por el Departamento de Recursos Naturales y Ambientales, donde delimite la ZMT y la propiedad privada”.
Asimismo, en el punto 8 de las determinaciones de hecho explicadas en la resolución se alude “a la Ley Num .132 del 25 de julio de 1968, según enmendada, conocida como ’Ley de Arena, Grava y Piedra’ es única y exclusivamente para la remoción, extracción, excavación y dragado de los componentes de la corteza terrestre y no para la remoción de escombros”.
Posterior a esto, la resolución explica las razones para denegar el permiso solicitado en 2018. En sus “conclusiones de derecho”, se indica que el DRNA “tiene jurisdicción para regular y fiscalizar las actividades de extracción, excavación, remoción y dragado de materiales de corteza terrestre”, según corresponde al Artículo 1 de la Ley número 132 ya mencionada. Alude al caso del Municipio de Loíza versus Sucns, Suárez, et; y Díaz vs DRNA, ambos de 1999. Esos casos, indican, sirven como precedente, específicamente sobre aquellos componentes de la corteza terrestre “…. llamados arena, grava, piedra, tierra, silice, calcilla, arcilla y cualquier otro similar… que no esté reglamentado como mineral económico en terrenos públicos y privados”, algo que también incluye el Artículo 1 de la Ley 132.
La resolución también señala a la Ley num. 161 del 1 de diciempre de 2008, según enmendada, conocida como “Ley para la Reforma de Proceso de Permisos de Puerto Rico”, pues esta “establece el marco legal y administrativo que regirá la solicitud, evaluación, concesión y denegación del Gobierno de Puerto Rico”. También subraya el inciso (d) de la Regla 46.1 del Capítulo de 46 de Extracción, Excavación, Remoción y Dragados de los componentes de la corteza terrestre del reglamento conjunto de permisos para obras de construcción y usos de terrenos de 29 de noviembre de 2010″, que explica el proceso de la permisos.
“Conforme a los conclusiones de derecho antes mencionadas resolvemos denegar la solicitud de permiso simple para extracción de materiales de la corteza terrestre número 2018-217333-PCT-002359, a nombre de Vacía Talega Village, para extraer materiales de la corteza terrestre y en virtud de esta denegatoria, no se expedirá el permiso de extracción solicitado”, se resume en la parte final de la resolución, conocida como “el acuerdo”.
Mira el documento entero aquí:
Resolución Vacía Talega by Metro Puerto Rico on Scribd
En otras palabras, los responsables de la tala indiscriminada de flora en Vacía Talega en hechos denunciados desde el lunes denunciada ayer en Vacía Talega realizaron estos actos aún cuando en 2018 se les había denegado el permiso.
Según trascendió esta semana, la denuncia de esta “masacre ambiental” sacude de nuevo una costa de Puerto Rico, esta vez en Loíza, de cara a la playa y un terreno aparentemente protegido. Vecinos de Loíza y activistas ecológicos fueron los que lograron detener una tala indiscriminada el un área cercana a la playa Vacíatalega, en el barrio La Arena. Activistas indican que alrededor de 10 cuerdas fueron impactadas en la zona. La unidad martítima el Cuerpo de Vigilantes del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA) fue quien atendió incialmente la querella, mientras que la oficina de prensa del DRNA indicó que continúan las investigaciones pertinentes.
Según informó ayer la oficina de prensa del DRNA, la unidad marítima del Cuerpo de Vigilantes apunta a varias violaciones a la Ley 132 de Corteza Terrestre y a la Ley 133 de Bosques. Además, personal técnico verifica también si la maquinaria pesada que allí se utilizó también impactó nidos de tinglares.
No obstante, no está del todo claro quién es el responsable. Las multas y las citaciones que se hicieron fueron a fueron hechas en contra de Ricardo Rodriguez Vargas, operador de la maquinaria que allí incurrió presuntamente en daños y se espera que la División Legal del DRNA cite a más gente, según continúe el procedimiento.
La finca, según se ha señalado en información aún sin confirmar, es supuestamente propiedad de Luis Alberto Rubí, según explicó DRNA, mientras que la imagen que verán a continuación presenta un letrero en el que se le adjudica la propiedad al desarrollador Mark Green y su empresa Vacía Talega Village.
El letrero, indicó Juan Pablo vizcaíno, un vecino de la zona, además erra en atinar el nombre de la localidad, “pues ese el sector es conocido como el barrio Arena o Los Frailes”. Pero peor aún: el letrero se muestra como si realmente se hubiese aprobado en 2018 un permiso, cuando no fue así.
Una breve búsqueda de “VACIA TALEGA VILLAGE, SSE” en el registro de corporaciones no arrojó resultados inmediatos, por lo que se desconoce quien a ciencia cierta sería el tenedor de esta corporación. Tanto Rubí como Greene ya se han visto involucrados en controversias de esta índole, de procesos ilegales de permisos. En 2016, el Departamento de Transportación Federal retiró el endoso para la construcción de un conector en el expreso 52, que haría viable el megaproyecto Ciudadela de Cayey, por serias irregularidades en el proceso de evaluación ambiental.
Aquella construcción, de Cayey fue impulsada desde 2012 por los empresarios Luis Alberto Rubí, Alberto de la Cruz, Mark Greene, Juan Galanes y Kermit Ortiz, y proponía erigir hotel y centro comercial en terrenos de alto valor agrícola en Cayey, con el visto bueno inicial del alcalde de la ciudad, Rolando Ortiz y la Oficina de Gerencia de Permisos. Aquel desarrollo Ciudadela de Cayey tuvo la oposición de la comunidad, así como de agencias reguladoras como el Departamento de Agricultura y la Junta de Planificación.
La controversia, en esta ocasión, ocurre luego de que demolieron un ecosistema de flora y fauna que cubre “casi 10 cuerdas de terreno”, según explicó la activista Vanessa Uriarte, de Amigos del M.A.R. Uriarte recordó que ese terreno “es suelo rústico protegido”.
“Impactaron también en ese terreno uvas de playa, icacos, palos de lija, árboles de majagüilla, que son una especie de árboles de zona marítimo terrestre, otras especies nativas”, destacó Uriarte, añadiendo que también encontraron una boa puertorriqueña muerta, a la vez que el Cuerpo de Vigilantes del DRNA también apuntaba hacia nidos de tinglares y carey como afectados, según muestran las fotos a continuación.
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Vecinos del área, como Maricruz Rivera Martínez temen que este deforestación masiva y la extracción de terreno agrave el problema de inundaciones que data desde 1950, cuando, señala, el propio gobierno estatal comenzó a remover arena en los terrenos playeros de Loíza.
Tanto Rivera Martínez como el grupo de activistas Jornada: Se Acabaron Las Promesas se personaron el miércoles a Loíza y documentaron la situación.
Mira los videos a continuación:
Vanessa Uriarte explica la situación con la que se toparon en Loíza:
