Denuncian trucos con 12 investigaciones legislativas sobre cenizas de AES

Hay traqueteos, vagancia o simplemente trucos interesantes con 12 investigaciones legislativas sobre las cenizas de carbón que produce la planta AES de Guayama. Al menos, eso es lo que se desprende de una historia publicada hoy por el diario regional, La Perla del Sur.

De acuerdo con el reporte, entre las investigaciones legislativas condenadas al olvido resalta la pesquisa ordenada por el vicepresidente del Senado, Larry Seilhamer Rodríguez, mediante la Resolución 2 de ese cuerpo. De acuerdo con la historia, elaborada por el periodistaJason Rodríguez Grafal, la misma pretendía indagar por qué la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) accedió en el 2015 a enmendar su contrato con AES, para permitirle a la empresa que sobre 200 mil toneladas de cenizas de carbón fueran dispuestas cada año en Puerto Rico.

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Dice La Perla del Sur que la investigación aprobada y activa desde enero de 2017 no ha producido un informe final de hallazgos y, señalan, se desconoce cuándo ocurrirá.

La nota apunta, además, que existe constancia de un informe parcial presentado hace 16 meses (diciembre de 2017) y desde entonces la comisión no ha efectuado vista pública alguna. Asimismo, añade que solamente se han celebrado dos “reuniones ejecutivas” en la oficina de Romero Lugo, en marzo y junio de 2018, figuran el trámite legislativo.

Hasta diciembre de 2017, lo único que su comisión logró constatar fue un patrón de obstrucción de la gerencia de la AEE, que por un año arrastró los pies para entregar información requerida por los senadores. La Perla del Sur subrayó el hecho de que, a pesar de esto, nadie tomó acción contra la corporación pública.

A continuación, compartimos parte de las denuncias señaladas por el diario que se ha encargado de dar seguimiento a esta crisis desde el día #1:

Sin responder por la contaminación

Entretanto, gestiones para profundizar en los hallazgos de un estudio sobre el grado de contaminación en las aguas subterráneas bajo la colosal montaña de cenizas de la carbonera continúan por la vía lenta, añade el diario.

Luego de que La Perla del Sur y el Centro de Periodismo Investigativo publicaran el primer Informe Anual de Monitoreo de Aguas Subterráneas en marzo de 2018, el Senado aprobó de forma unánime la Resolución 727, también de la autoría de Seilhamer Rodríguez, para que la Comisión de Salud Ambiental y Recursos Naturales analizara toda la prueba, dicen.

Sin embargo, a un año del mandato y con un segundo informe anual de AES -corroborando la gravedad de la contaminación- la comisión presidida por el senador y exalcalde de Salinas, Carlos Rodríguez Mateo, tampoco ha presentado un informe final.

En su lugar, se puntualiza en la nota, se han celebrado dos vistas públicas -en octubre de 2018 y enero de 2019- donde figuras claves como el presidente de AES Puerto Rico, Manuel Mata Merino, y la secretaria del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA), Tania Vázquez Rivera, han rehusado responder a preguntas, optando por someter ponencias escritas.

Desinterés por estudios de salud

Simultáneamente, otros proyectos sometidos por legisladores de las minorías han sido engavetados, sin gestión alguna de seguimiento, incluyendo uno que reclamaba estudios de salud para proteger a la ciudadanía de posibles focos de contaminación.

La Resolución Conjunta del Senado 160, presentada por Juan Dalmau Ramírez en septiembre de 2017, pretendía ordenar al Departamento de Salud y a la Escuela de Salud Pública de la Universidad de Puerto Rico la realización de una investigación conjunta sobre las condiciones de salud de los residentes en Guayama y su posible relación con la exposición a cenizas de carbón.

La misma fue referida a la Comisión de Salud Ambiental y Recursos Naturales que preside el senador Rodríguez Mateo, el 17 de octubre de 2017. Sin intervención alguna, ocho meses más tarde fue transferida a la Comisión de Salud del Senado, que dirige Ángel Martínez Santiago, la que a su vez tampoco ha prestado interés desde junio de 2018.

Otros dos proyectos camerales -las resoluciones conjuntas 227 y 52- han sufrido la misma suerte. La segunda se radicó hace dos años y pretendía que tanto el Departamento de Salud como la extinta Junta de Calidad Ambiental determinaran si los alrededores de la carbonera en Guayama y el vertedero en Peñuelas están contaminados con metales pesados u otras sustancias innatas a las cenizas.

Olvidado el inventario

Asimismo, otras dos resoluciones presentadas en Cámara y Senado para requerir un inventario de los lugares donde se han depositado toneladas de cenizas de AES no han sido atendidas desde febrero de 2017.

La Resolución de la Cámara 61, del representante independentista Denis Márquez Lebrón fue engavetada en la Comisión de Agricultura, Recursos Naturales y Ambientales, que preside Joel Franqui Atiles, mientras que la Resolución del Senado 63 del senador Dalmau Ramírez ha sido ignorada en la Comisión de Salud Ambiental que encabeza Rodríguez Mateo.

Atención tardía

A pesar del desinterés manifiesto, el pasado 13 de marzo el vicepresidente del Senado radicó otro proyecto -el 1221- para enmendar la Ley 40, a fines de modificar su lenguaje y definir el término “uso comercial beneficioso”.

La propuesta de Seilhamer Rodríguez pretende cerrar la vía para que las cenizas no se empleen como relleno en construcciones y carreteras y, en teoría, descarta el uso del Agremax: las cenizas hidratadas que AES ha intentado comercializar desde el año 2005, sin éxito.

No obstante, dos medidas similares fueron radicadas hace 20 meses en la Cámara y el Senado, y no han sido atendidas desde entonces. Estas son el Proyecto de la Cámara 1160 y el Proyecto del Senado 600, ambos radicados el 12 de julio de 2017.

De igual forma, un proyecto del senador Cirilo Tirado Rivera (Proyecto del Senado 1167) para establecer una prohibición absoluta al depósito de cenizas de carbón en la isla tampoco ha sido atendido, desde su radicación el 21 de diciembre de 2018.

Desinterés por el cumplimiento

Por otra parte, gestiones para indagar sobre el cumplimiento con la Ley 40 -y para constatar cómo se han dispuesto las cenizas de AES desde julio de 2017- tampoco han encontrado receptividad en la Legislatura de Puerto Rico.

Por ejemplo, la Resolución del Senado 366 pretende que la comisión que preside el exalcalde de Salinas realice vistas públicas e inspecciones oculares en los vertederos donde se hayan depositado residuos de AES, para asegurar el cumplimiento con la Ley 40.

Esta moción, empero, lleva meses en el limbo de la Comisión de Reglas y Calendario, sin ser llevada a votación. Lo mismo ocurre en la Cámara de Representantes, donde no se ha hecho gestión alguna con la Resolución 494, que persigue el mismo fin.

Entre el 11 de julio y el 25 de agosto de 2017, AES ordenó que se tarsladaran alrededor de 15 mil toneladas de cenizas tóxicas a los vertederos de Peñuelas. Para ello, coordinó 18 operativos nocturnos en unión a la Policía de Puerto Rico, la cual proveyó cientos de efectivos, decenas de vehículos, dos helicópteros y su División de Operaciones Tácticas.

La Resolución de la Cámara 52 pretendía que tanto el Departamento de Salud como la extinta Junta de Calidad Ambiental determinaran si los alrededores de la carbonera en Guayama y el vertedero en Peñuelas están contaminados con metales pesados u otras sustancias innatas a las cenizas.