Otra masacre ambiental sacude una costa de Puerto Rico, esta vez en Loíza, de cara a la playa y un terreno aparentemente protegido. Vecinos de Loíza y activistas ecológicos lograron detener una tala indiscriminada el un área cercana a la playa Vacíatalega, en el barrio La Arena.
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La situación, no obstante, cuenta con una particular confusión, pues aún realmente no se sabe quién es el responsable de esto, mientras que el Cuerpo de Vigilantes del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (RNA) hacen las investigaciones pertinentes.
Según informó la oficina de prensa del DRNA, la unidad marítima del Cuerpo de Vigilantes apunta a varias violaciones a la Ley 132 de Corteza Terrestre y a la Ley 133 de Bosques. Además, los permisos de la Oficina de Gerencia y Permisos para la supuesta tala están vencidos desde 2018, según se informó. En este momento personal técnico verifica también si la maquinaria pesada que allí se utilizó también impactó nidos de tinglares.
Sin embargo, no está del todo claro quién es el responsable. Las multas y las citaciones que se hicieron fueron a fueron hechas en contra de Ricardo Rodriguez Vargas, operador de la maquinaria que allí incurrió presuntamente en daños y se espera que la División Legal del DRNA cite a más gente, según continúe el procedimiento. La finca es propiedad de Luis Alberto Rubí, según explicó DRNA, mientras que la imagen que verán a continuación presenta un letrero en el que se le adjudica la propiedad al desarrollador Mark Green y su empresa Vacía Talega Village. El letrero, indicó Juan Pablo vizcaíno, un vecino de la zona, además erra en atinar el nombre de la localidad, “pues ese el sector es conocido como el barrio Arena o Los Frailes”.
Tanto Rubí com Greene ya se han visto involucrados en controversias de esta índole, de procesos ilegales de permisos. En 2016, el Departamento de Transportación Federal retiró el endoso para la construcción de un conector en el expreso 52, que haría viable el megaproyecto Ciudadela de Cayey, por serias irregularidades en el proceso de evaluación ambiental.
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Aquella construcción, de Cayey fue impulsada desde 2012 por los empresarios Luis Alberto Rubí, Alberto de la Cruz, Mark Greene, Juan Galanes y Kermit Ortiz, y proponía erigir hotel y centro comercial en terrenos de alto valor agrícola en Cayey, con el visto bueno inicial del alcalde de la ciudad, Rolando Ortiz y la Oficina de Gerencia de Permisos. Aquel desarrollo Ciudadela de Cayey tuvo la oposición de la comunidad, así como de agencias reguladoras como el Departamento de Agricultura y la Junta de Planificación.
La controversia, en esta ocasión, ocurre luego de que demolieron un ecosistema de flora y fauna que cubre “casi 10 cuerdas de terreno”, según explicó la activista Vanessa Uriarte, de Amigos del M.A.R. Uriarte recordó que ese terreno “es suelo rústico protegido”.
“Impactaron también en ese terreno uvas de playa, icacos, palos de lija, árboles de majagüilla, que son una especie de árboles de zona marítimo terrestre, otras especies nativas”, destacó Uriarte, añadiendo que también encontraron una boa puertorriqueña muerta, a la vez que el Cuerpo de Vigilantes del DRNA también apuntaba hacia nidos de tinglares y carey como afectados, según muestran las fotos a continuación.
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Vecinos del área, como Maricruz Rivera Martínez temen que este deforestación masiva y la extracción de terreno agrave el problema de inundaciones que data desde 1950, cuando, señala, el propio gobierno estatal comenzóa remover arena en los terrenos playeros de Loíza.
Rivera Martínez, vecina de la zona, realizó una transmisión desde el área en su cuenta de Facebook.
Uriarte dijo que radicó una querella en la OGPE y ante el DRNA, y que temprano en la mañana “entramos al terreno a paralizar directamente la obra”.
“Se han radicado las debidas querellas en las agencias pertinentes. No aparecen permisos vigentes y mucho menos para lo que hicieron”, apostilló.
