Demandan a la AAA por cobro ilegal del agua desde 1945

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Un grupo de ciudadanos presentó en junio un pleito de clase en contra de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA) en la que se alega que la corporación “no podía cobrar por el agua que sirve debido a que ésta no le pertenece a nadie, mucho menos al gobierno”.

Según al abogado litigante en el caso presentado en el Tribunal Superior de San Juan, Steven Batista Caballero, con dicho cobro la AAA viola el artículo 254, sección 1023 del Código Civil de Puerto Rico, que establece que el gobierno no puede cobrar por “las cosas comunes (…) Aquellas cuya propiedad no pertenece a nadie en particular y en las cuales todos los hombres tienen libre uso, en conformidad con su propia naturaleza: tales son el aire, las aguas pluviales, el mar y sus riberas”.

Según el argumento de Batista, “lo que ocurre aquí es un escándalo de grandes proporciones. Estamos hablando de que desde 1945 la AAA ha estado cobrando un dinero que no tiene ningún tipo de derecho a cobrar. No se le debe cobrar ningún cargo por agua a nadie, el agua no le pertenece a ninguna persona o entidad”.

El abogado enfatizó que la tarifa de 20.83 dólares, que la corporación pública ha venido facturándole a sus abonados desde su creación, en 1945, es “totalmente ilegal”.

“La AAA les está facturando a los abonados en sus facturas por cinco cargos de los cuales dos son ilegales a tenor con la ley vigente, como lo son los cargos por agua y el llamado Cargo Especial de dos dólares mensuales. El cargo por agua es totalmente ilegitimo porque el agua, según la propia ley, no le pertenece a nadie y por tal razón no se le puede cobrar a una persona”, añadió.

De igual forma, el abogado tildó de ilegitima la facturación por servicio de agua de 25.8 dólares que la AAA somete a sus clientes comerciales.

De acuerdo a la demanda, la AAA ha cobrado ilegalmente a sus clientes unos tres mil millones de dólares, entre abonados comerciales y residenciales.

Batista Caballero, quien saltó a la palestra pública en mayo luego de que entablara una lucha en contra de los embargos ilegales de propiedad vehicular realizados por el Departamento de Transportación y Obras Públicas, aseguró que ha recibido llamadas de “decenas” de ciudadanos quienes, afectados por esta ilícita práctica, desean unirse al pleito.

“Estamos hablando de que esta demanda podría convertirse en una de las más grandes en toda la nación. No nos cabe la menor duda de que esto fue y continua siendo un cobro ilegítimo y la posible compensación a los millones de abonados afectados desde 1945 será billonaria”, concluyó.