De la PROMESA, ejerzamos la convicción para el estatus

El pasado 29 de junio, el Presidente Obama tomó con su mano el pincel que calcó su firma donde se reitera la privación de soberanía y poder de Puerto Rico. La más importante aspiración de un país es la obtención de autoridad unido al reconocimiento internacional para darle legitimidad.

Lamentablemente, en el caso de nuestro terruño esa búsqueda y ejecución no le es garantizada mediante las instituciones democráticas comunes. A diario somos martillados con decenas de interpretaciones de como adquirirlo donde cada una se nutre de la aspiración el interés individual de ese portavoz y no el deseo colectivo de la isla.

Ante ese panorama, reflexiono y pregunto: ¿Cuál es la voluntad colectiva del País? ¿Cómo propiciamos un espacio de discusión y creación consenso de propuestas? ¿Cómo anteponemos el interés del público sobre nuestra inclinación individual?

Nuestra reciente memoria colectiva reside en las visiones de estado que vocifera la oligarquía política de los partidos puertorriqueños. El pasado, presente y futuro se ciñe a la constante discusión de la aspiración, pero no en la elaboración de cómo llegar a ella. O por otro lado, la tertulia de que hacer luego de obtenerla. Esta discusión adquiere mayor importancia al observar la encuesta que publicará El Nuevo Día sobre un posible referéndum donde la pregunta sería Sí o No a la Estadidad.

La encuesta arrojó que un 65% de los encuestados diría Sí a la Estadidad. Más allá de estos resultados, la coyuntura histórica nos exige que establezcamos los argumentos y estrategias de persuasión que utilizaremos para descolonizar a Puerto Rico de los EE.UU. La Constitución de los Estados Unidos en su Artículo Cuatro, Tercera Sección establece que el Congreso tendrá la facultad de regular y establecer todo lo relacionado a los territorios y pertenencias de los Estados Unidos. Por lo tanto, luego de la PROMESA, se debe ejercer el convencimiento del Congreso para provocar acción.

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Hablemos en hipotéticos donde tanto la estadidad y la independencia son presentados como opciones descolonizadoras. Luego de ese ejercicio democrático, al Congreso le correspondería actuar sobre si admitir a Puerto Rico como estado de la unión o abrir el paso para su liberalización e inmersión a la mancomunidad internacional. En Puerto Rico, la discusión pública ha estado inmersa en una relación paternal intrínseca donde los EE.UU es el único actor decisional. A mi juicio, parte de la inacción congresional se nutre a consecuencia del comportamiento del puertorriqueño en ser reaccionario y no proactivo.

La transformación solamente sería viable si está atada a un proceso de promoción y cabildeo de los puertorriqueños a favor de la fórmula de estatus alcanzada mediante consenso. ¿De que vale alcanzar un consenso si no podemos convencer al Congreso? Basta ya de los epítetos de mayor fondos federales o mayor impuestos a las compañías foráneas. A mis amigos estadistas, la victoria del referéndum no garantiza la admisión automática a la unión. Varias décadas Hawaii lucho para hacer valer ese mandato. A mis amigos independentistas, la prioridad debe ser empeñarse a ser la mayoría y no conformarse con ser la minoría en la Asamblea Legislativa.

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¿Qué vamos a hacer? ¿Cuándo el porvenir colectivo responderá a la concertación de País y no a los “pétit comité” de la Avenida Roosevelt y Puerta de Tierra? Muchos criticamos a los EE.UU. como los culpables del retroceso democrático en la isla, pero muchos de nosotros hemos sido cómplices o protagonistas de ello por omisión.

Dentro del campo de la academia, el Profesor Larry Diamond de Stanford University ha descrito que el mundo está experimentando un retroceso democrático. El argumenta que el retroceso se debe al incremento de gobiernos autoritarios, mala gobernanza, políticas públicas abusivas, el dominio de oligarquías locales, la incompetencia e indiferencia de la burocracia estatal y la corrupción en la judicatura. ¿Esa descripción no le recuerda a Puerto Rico? Aunque no todas nos aplica, hemos sido víctimas de un retroceso en la democracia e instituciones públicas del País. El ejercicio democrático no es solo ir a las urnas cada cuatro años a votar por las recurrentes listas recicladas de candidatos y asesores. ¿Por qué las instituciones públicas no le responden a sus ciudadanos? ¿Por qué la falta de transparencia y acceso a documentos públicos? ¿Por qué la toma de decisiones no involucra al ciudadano?

La renovación y promulgación de buen gobierno se logra con un efectivo estado de derecho y la libertad de sus ciudadanos en la participación y exigencia de rendición de cuentas de las instituciones públicas. La descolonización y resolución del dilema de estatus no resolverá el vacío de democracia que ha creado la retracción que he descrito. Es triste observar a diario la falta de legitimidad que tiene lo público y gubernamental por el menoscabo de confianza y aprobación de la sociedad en ella.

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Sin el desarrollo de una relación genuina, transparente y honesta entre la ciudadanía, la oligarquía política y las instituciones públicas no podremos ejercer la convicción de cambiar el estatus ni la administración pública.

Al nuestros representantes fallar en su rol fiduciario de alcanzar esto, nos corresponde apropiarnos del espacio y la responsabilidad.