CPI demanda al Gobierno para que muestre planes entregados a Junta Control Fiscal

Hablemos de transparencia.

El Centro de Periodismo Investigativo (CPI) demandó el lunes al Gobierno de Puerto Rico para que haga públicos todos los planes de implementación e informes de progreso que ha sometido hasta el momento a la Junta de Control Fiscal.

Los planes de implementación detallan cada una de las medidas que deben realizar las agencias y corporaciones públicas para cumplir con los planes fiscales, tales como consolidaciones, recortes en nómina y reducción en gastos operacionales. Hay otros que cubren las medidas del Gobierno para aumentar los recaudos, al igual que reformas como las de pensiones, bienestar social, energía y salud.

Los informes mensuales de progreso, por su parte, retratan cómo va el Gobierno en la implementación de esos planes y los ahorros logrados, si alguno, hasta el momento.

tres palitos

La acción legal, radicada en el Tribunal Superior de San Juan, es contra el principal oficial financiero del Gobierno (CFO), Raúl Maldonado, y el director de la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal (AAFAF) y representante del gobernador ante la Junta, Christian Sobrino.

“Los documentos, materiales e información solicitados por el CPI son originados, conservados y/o recibidos por una dependencia del ELA. Por lo tanto, son documentos y materiales públicos, a los cuales cualquier ciudadano puede tener acceso u obtener una copia si así lo solicita”, lee la demanda.

Según la página web de la Junta, el Gobierno ha entregado 91 planes de implementación de un total de 129 que le fueron requeridos. Ninguno de estos planes se ha hecho público. En cuanto a los informes mensuales de progreso, el Gobierno ha sometido a la Junta poco menos de la mitad de los informes requeridos.

Tras culminar una reunión pública de la Junta el pasado 28 de marzo, el CPI cuestionó a Maldonado sobre por qué el Gobierno no había entregado todos los documentos pedidos por la Junta.

“Porque ahora mismo llevo 30 días en la posición [de CFO]. Lo que hicimos fue que asignamos recursos a agencias más sensitivas como Seguridad Pública, Salud, la parte económica. De ahí estamos yendo a todas las demás. Ahora mismo estamos en aproximadamente 100 agencias donde tengo recursos asignados para esto [los planes de implementación e informes de progreso]”, dijo Maldonado, quien agregó que los recursos incluyen personal de carrera de la Oficina del CFO, los consultores privados Deloitte y BDO, y “otros contratistas locales”. Contrario a lo que expresó el funcionario, Maldonado ejerce como CFO del Gobierno desde enero de 2017.

A principios de febrero, el CPI solicitó a la Oficina del CFO todos los planes de implementación e informes de progreso entregados a la Junta. A pesar de que la oficina que dirige Maldonado es la responsable de coordinar la entrega de estos documentos según el plan fiscal, la petición fue referida por La Fortaleza a AAFAF.

Al cabo de un mes, AAFAF realizó una entrega parcial de los documentos solicitados en un CD. Dejó fuera todos los planes de implementación y más de la mitad de los informes de progreso que, según la Junta, ya fueron sometidos por el Gobierno.

Entre los informes de progreso no entregados al CPI se encuentran agencias clave como la Autoridad de Energía Eléctrica, la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados, el Negociado de la Policía, el Departamento de la Familia, el Departamento de Justicia, el Departamento de Transportación y Obras Públicas, la Autoridad de Carreteras y la Universidad de Puerto Rico. Algunos de los documentos entregados son ilegibles, mientras que otros tienen tachones sin justificación.

El CPI dio seguimiento para obtener la totalidad de los documentos solicitados y atender las deficiencias identificadas en la entrega del 8 de marzo. Sin embargo, al día de hoy, el CPI todavía espera por la respuesta de AAFAF.

rossello

“Toda la información solicitada es información pública y de alto interés público para el Pueblo de Puerto Rico”, enfatiza la demanda radicada por la representación legal del CPI, los abogados Luis José Torres Asencio y Steven Lausell de la Clínica Legal de la Universidad Interamericana.

Hallazgos preliminares

Información tachada sin justificación; datos incompletos o ausentes; retrasos en la implementación y el reconocimiento de parte de algunas agencias del Gobierno de que hay medidas que no pueden implementar. Este es el saldo de una revisión inicial de la entrega que hizo AAFAF al CPI.

Ninguno de los tachones realizados y que ocultan información en los informes de progreso está justificado por el Gobierno. Las agencias con tachones en sus informes van desde la Administración de la Industria y el Deporte Hípico hasta el Departamento de Educación. Uno de los informes de progreso de Educación muestra como un “action item” el cierre de 307 escuelas. El indicador de progreso: haber conseguido el cierre de 255. Un comentario sobre esta medida aparece tachado.

Sobrino

Durante la vista pública de la Junta a finales del pasado mes de marzo, la directora ejecutiva de la entidad impuesta por la ley PROMESA, Natalie Jaresko, enfatizó que los planes de implementación e informes de progreso “dan transparencia” al proceso, tanto para la Junta como para la ciudadanía. Esto a pesar de que ninguno de estos documentos han visto la luz pública.

Ambos documentos son exigencias de la Junta como parte de los planes fiscales del Gobierno. En la última vista de la Junta — cuya discusión giró en torno a la falta de entrega de planes de implementación e informes de progreso en el Departamento de Seguridad Pública — Sobrino manifestó que PROMESA no exige al Gobierno producir y entregar planes de implementación a la Junta. Para el funcionario, estos documentos son “herramientas de ejecución” para las agencias.

Jaresko, en cambio, piensa diferente. “Hay dos perspectivas. Una es que el plan fiscal necesita ser impuesto. Esos requisitos de informar son parte del plan fiscal. Ese es un ángulo por el cual creo [que es requerido]. El segundo es que la Junta tiene el derecho por ley para exigir cualquier información e informe según dice otra sección en la ley PROMESA. Por lo tanto yo diría que si no se mira desde el plan fiscal – con lo cual estoy en desacuerdo – se puede mirar de forma aparte, y el Gobierno está supuesto a responder a cualquier información solicitada”, manifestó Jaresko en un aparte con el CPI.

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