Conversación con Víctor Fajardo a 20 años de su salida del Departamento de Educación

A 20 años de haber dirigido la agencia, el ex secretario accedió a hablar con un medio por primera vez. Aunque inicialmente estableció que solo hablaría sobre el programa de la Carrera Magisterial del que fue artífice y aseguró no querer volver a la vida pública, finalmente conversó también sobre la Reforma Educativa que puso en marcha y los delitos que lo condenaron a más de una década en prisión.

Ilustración Luis “Tuto” González.

Del CPI

Víctor Fajardo toma un café en algún rincón del área metropolitana. Antes del cortadito, el exfuncionario de la administración de Pedro Rosselló González advierte que ha estado apartado de los medios desde su salida de la cárcel en el 2013. “Por la familia”, dice. Cumplió diez años tras las rejas a nivel federal y dos bajo supervisión condicionada por estar involucrado en un millonario esquema de corrupción en el Departamento de Educación (DE).

Vino para hablar del programa de la Carrera Magisterial y las Escuelas de la Comunidad, ambos parte de la Reforma Educativa que implantó (1993-1999). A dos décadas de sus últimos días en la secretaría, considera ambas iniciativas como piezas clave para rescatar un sistema educativo que “es un monstruo de siete cabezas”.

Fajardo prefiere no hablar para el récord sobre cómo, específicamente, se dio su llegada al puesto de secretario. Eso ocurrió poco después de la salida de Annabelle Padilla Rodríguez y de José Arsenio Torres, ambos nombrados por Rosselló González. Había que poner en marcha el plan que se tenía para que Puerto Rico iniciara el nuevo milenio con “un nuevo sistema de educación pública”. Así se catalogó a la Reforma Educativa bajo Rosselló González en un libro “con propósito histórico” de 404 páginas laminadas publicado en 1999 y que el DE distribuyó a cada maestro del sistema público mediante la impresión de decenas de miles de ejemplares de carpeta dura.

Fajardo sí habla de que el DE “está desviado de sus propósitos” y que “hay que descentralizar la administración”. Ha administrado el presupuesto más grande de todas las agencias públicas y conoce lo que eso representa año tras año para el Partido Popular Democrático (PPD) y el Partido Nuevo Progresista (PNP). A través de contratistas y compañías fantasmas, encabezó el desvío de, por lo menos, $4.3 millones de fondos públicos para fines personales y del PNP.

Cuando se le pregunta por la Carrera Magisterial, ese proyecto bajo la Reforma Educativa que lideró y tenía como objetivo establecer procedimientos para ascensos, revisión de salarios y parámetros para el mejoramiento profesional de los docentes, Fajardo, — hijo de una maestra, que fue maestro de ciencias, director de escuela y superintendente escolar en su momento —, dice que las prioridades políticas, y cómo se combinaron las cosas en el DE y el Gobierno tras su salida y el escándalo de corrupción, fueron circunstancias que “evitaron que se pudiera continuar” con el programa. “En el cuatrienio después del 2000, habiendo cambio de administración, pues se dejó más o menos [la Carrera Magisterial]”.

El CPI denunció hace una semana que el DE tiene una deuda millonaria con los maestros que se acogieron a la Carrera Magisterial, una ley que está paralizada desde el 2014 y que se ha incumplido, por lo menos, desde el 2007. La investigación revela, además, que el DE desconoce cuál es la suma exacta del dinero adeudado y que no pudo ofrecer información específica sobre cuántos maestros y desde cuándo esperan que se les pague su dinero. El estimado de la deuda es de $4.3 millones, según informó al Senado el secretario interino, Eliezer Ramos Parés.

“Se les debe mucho dinero [a los maestros]”, dice Fajardo. No cree que el asunto se limite a menos de cinco millones de dólares, como indicó Ramos Parés.

“¿La deuda? Lo dudo. Es más. Porque desde que esto comenzó muchos maestros se interesaron y accedieron a la Carrera Magisterial. Y según fueron terminando, algunos empezaron a cobrar el diferencial de salario, pero de ahí los demás se fueron quedando en deuda”, recuerda. “¿Tú sabes cuántos maestros se han ido para Estados Unidos por la falta de los incentivos económicos? No porque allá sea la gloria, es que todo el mundo aspira a tener un mejor salario. Si tú te sacrificas, si tú haces el esfuerzo, se supone que obtengas algún beneficio”.

La Carrera Magisterial era una parte “importante” de la Reforma Educativa, iniciativa que Fajardo reconoce como un proyecto político-partidista bajo Rosselló González, y deja claro que a la vez, “era un proyecto significativo” y que “solo necesitaba continuidad y desarrollo desde los entornos escolares”.

Con la llegada de Sila Calderón a la gobernación en el 2000, fue César Rey quien recibió el batón administrativo en el DE. La Ley de Carrera Magisterial fue enmendada en el 2002 para incluir a los maestros bibliotecarios, orientadores escolares, trabajadores sociales escolares, coordinadores de programas vocacionales, coordinadores industriales y especialistas en tecnología instruccional. Ese mismo año, Fajardo fue procesado por las autoridades federales junto a otras 16 personas vinculadas en el esquema de corrupción que desvió aproximadamente un millón de dólares de fondos públicos al PNP.

Según Fajardo, más allá de las consecuencias provocadas por el escándalo de corrupción, el problema con la continuidad y el desarrollo de la Carrera Magisterial, es que “no se le dio valor” en el marco de su potencial en el siglo veintiuno. Hace un breve silencio cuando se insiste en el porqué. “Hay un reglamento que te dice cómo poner en marcha la Carrera Magisterial, [pero] nadie se ocupa de realizar los ajustes necesarios para que funcione. La política se ha comido más al departamento de lo que la gente piensa. A mí me catalogaron como un secretario político. Pero yo siempre hice mi trabajo”, afirma, con copia de la Ley 158 en mano.

“Fíjate que nadie ha impugnado esa ley [de Carrera Magisterial], nadie ha querido derogar la ley por lo buena que es y lo que significa para el magisterio puertorriqueño. Nadie la toca, pero no la ponen en práctica”, destaca. “Tú te esfuerzas, tú estudias, tú de bachillerato vas a maestría… Eso se remuneraba a la misma vez que se te daba un ascenso en rango. Y es el mismo caso de la Universidad (de Puerto Rico). Los profesores en la Universidad están por rango y el que empieza, comienza en el rango raso, y va subiendo hasta ser catedrático. Entonces, esta ley era para motivarlos [a los maestros], prepararlos, pero que se mantuvieran como maestros de sala de clase, que no tuvieran, por ejemplo, que ir a ser directores de escuela para ganar más [dinero]”, explica. “Vuelvo y te digo, nadie se atreve a tocar esta ley, nadie se atreve. O sea, búscate un legislador que diga que va a impugnar esa ley. Le caen encima”.

Se toma un tiempo para echarle un vistazo a los papeles de la Ley 158, que ahora reposan junto al café, sobre la mesa.

“Se suponía que viniera una segunda parte, una segunda ley [relacionada con la Carrera Magisterial] en donde estuvieran incluidos los directores de escuela, los supervisores, los coordinadores de materia. El sistema se quedó estancado con esto, y ni por los centros espiritistas aparece en el presupuesto [el dinero para cumplir con la Carrera Magisterial]. O sea, ¿qué importancia le han dado a esto las administraciones posteriores a la mía? Entonces, ahí el maestro se quedó en el limbo”.

El limbo al que Fajardo hace referencia es la necesidad económica, el dinero, el esfuerzo y el tiempo invertido en prepararse académicamente, y en el marco de una crisis fiscal, sobrevivir ante la circunstancia de no recibir lo prometido.

Dice que lo usaron para los actos de corrupción

Aunque inicialmente estableció que solo hablaría sobre la Carrera Magisterial y aseguró no querer volver a la vida pública, de todas maneras Fajardo habló sobre los delitos que lo condenaron a varios años de prisión. Dice que lo utilizaron y que sabe muy bien lo que se siente quedarse solo y sin influencias.

Víctor Fajardo

“Yo no tenía malicia para darme cuenta de que me estaban utilizando para una maniobra de índole económica, de gente que se acercaban con grandes proyectos y lo que estaban era fabricando, confabulando, qué sé yo. No tenía esa malicia. Cuando a mí me vinieron a poner el dedo encima, lo que me estaban pidiendo era que yo hablara para que acusara a personas que me dieron la orden para que hiciera aquello [desviar, a través de sobornos, aproximadamente un millón de dólares de fondos federales para las arcas del PNP, por ejemplo]. Yo dije que no, porque no soy así. Si lo hice, admití responsabilidad y cumplí lo que me asignaron a cumplir. Porque, ¿qué voy a hacer echándoles la culpa a otros? Eso no funciona”.

Aunque no quiso mencionar los nombres de aquellos que, supuestamente, le daban órdenes directas, aseguró que el sufrimiento que ha pasado “no es calculable”. Prefiere no aclarar nada, a pesar de que dice no estar conforme con que se le recuerde como el cabecilla de un episodio de corrupción que, a juicio suyo, se discute “sin los verdaderos detalles” que “lo harían diferente”.

“Son doce años que estuve en prisión [diez encarcelado y dos bajo supervisión condicionada] por una serie de cosas que, por mal juicio y por no tener malicia, cuando los fiscales me pusieron el dedo, yo no podía decir que no. Porque sí, yo estuve en medio de todo”. “Mi familia sufrió mucho, mucho. Tuvimos un momento sumamente difícil. Pero te digo una cosa, asumí responsabilidades porque yo soy así. Si yo estaba ahí y yo era el jefe del Departamento de Educación, asumí la responsabilidad. Pero al departamento no le faltó un centavo. Y eso te lo digo yo de frente. Aquí todo se convirtió en un acto político para buscar el chivo expiatorio y que todo el mundo quedara bien, excepto yo”.

¿Volver a las Escuelas de la Comunidad?

Fajardo insiste, 20 años después de su turno al bate, en la descentralización del Departamento. Dice que no funcionan las respuestas actuales a las comunidades escolares y que a raíz de esa realidad, “que se refleja, por ejemplo, en el estado de las escuelas y el abandono de los planteles”, se hace “casi imposible” atender las necesidades de los maestros bajo el actual modelo administrativo.

“Cuando en la Reforma Educativa nuestra se crearon las Escuelas de la Comunidad, eran el mejor mecanismo posible para descentralizar el sistema”, asegura. “Un dólar que llegara al Departamento, como asignación, no tenía que pasar por todos los canales de administración y de burocracia para que pudieran comprar un lápiz en el salón de clase. Ese dólar se le asignaba a la escuela y ahí se fiscalizaba que ese dólar se usara correctamente”, añade.

No niega que la “politiquería” y las irresponsabilidades administrativas bajo ese modelo existieran. Pero considera que el ambiente escolar era más productivo que ahora, “porque iba a la par con el ambiente de las comunidades”. “Era mejor que lo que hay ahora, había que mejorar eso fortaleciendo las Escuelas de la Comunidad”.

El exsecretario del DE, Rafael Aragunde, no es tan optimista. Aún cuando respalda “como alternativa” las Escuelas de la Comunidad, y que piensa como “una gran iniciativa que se dirigía a garantizar la autonomía a las escuelas”, no está convencido de su efectividad. “La experiencia que yo he tenido es que, aún en esas instancias, los buenos amigos se combinan y también respaldan a personas comprometidas e identificadas con el partido o el movimiento político al que pertenecen. Es decir, aquí todo intento que se ha hecho por despolitizar después del bipartidismo, del 1968 para acá [2021], han sido rotundos fracasos. Estamos ante una cultura que ha abandonado sus mejores prácticas”, dijo en un conversatorio que organizó el CPI sobre la situación actual de la educación pública en Puerto Rico. Aragunde estuvo al mando del DE cuando los maestros recibieron su último aumento ($250) a su salario base, que actualmente es de $1,750 al mes para un docente con bachillerato.

Fajardo, entretanto, cree que lo que había que hacer era “fiscalizar o preparar a ese administrador [director de escuela], a ese entorno escolar [a través del Consejo Escolar], para que hagan las cosas correctamente. Eso no es difícil. Ahora que hay menos escuelas, más todavía. Cuando yo dirigía el Departamento había, aproximadamente, mil quinientas setenta escuelas. Había alrededor de 627 mil estudiantes. Estoy hablando del año 2000. Ahora no llegan a 300 mil estudiantes”.

Entiende que el cierre de escuelas, principalmente bajo la pasada administración de Julia Keleher y Ricardo Rosselló Nevarez, ocurrió sin considerar esos elementos de la respuesta comunitaria. “Eso fue una loquera. Fíjate que ahora mismo el gobernador Pedro Pierluisi está hablando de escuelas que se cerraron para ver si se pueden reabrir. Corrigiendo hasta lo de las columnas cortas, que es un tema que todavía no se ha resuelto”, dice, y añade que hace más de 25 años discutió este tema con un geomorfólogo que le enfatizó al DE que había que realizar un estudio escuela por escuela y reforzarlas.

Relevo político

“[La Carrera Magisterial] Fue una inversión adecuada”, aseguró César Rey cuando se le preguntó por esta iniciativa que hoy se traduce en una deuda millonaria del DE con un número incierto de maestros. “La pena es que, como todo, cambia la administración, cambian los fondos federales. Se empieza a accidentar”.

“Creo que era la primera iniciativa de reconocimiento de que había una falla de capacitación. Que probablemente tenía que afinarse, sin duda alguna. A mí me tocó implantarla. No había una jurisprudencia previa. Y me tocó incluso enmendarla. Me consta la cantidad de maestros y maestras que se beneficiaron en ese proceso. Que después no correspondiera a las expectativas de ellos, eso habría que ver si en efecto ocurrió y por qué ocurrió. El peor asunto es que se detuvo”, indicó.

Rey mencionó que, durante su administración, los factores que condicionaron la realidad económica del DE trascendieron tras el escándalo de corrupción de Fajardo y, debido al impacto de la ley federal No Child Left Behind. Impuesta por la administración de George W. Bush, esa ley promovió una mayor influencia y participación del sector privado en la prestación y administración de servicios en la agencia, un fenómeno que, de manera atropellada, federalizó fuertemente el DE, tanto desde el punto de vista económico como condicionando los métodos de evaluación sin una base contextualizada en las realidades del estudiante puertorriqueño.

“La gran tragedia, de nuevo, es que el amiguismo, el partidismo, el clientelismo de los partidos de turno, se tragan ese dinero en consultorías millonarias de proyectos que acaban en nada, asesorías, proyectos de consultorías y de tutorías de gente que no tiene credibilidad alguna. Algunos están enjuiciados, otros están confinados mientras tú y yo hablamos aquí. Gente que de momento vio en el Departamento de Educación la vaquita de la leche de oro y así actuó. Parece una gran contradicción. Una deuda para maestros, deficiencias para maestros y por otro lado un país que recibe muchísimo dinero federal precisamente para eso, pero que no llega a su sitio. Y todos sabemos historias de horror”.

Fajardo por su parte asegura que todavía camina con zapatos de maestro. “Nunca me los quité”, afirma, y recuerda su tiempo en la cárcel y sus experiencias previo a la “Operación Pizarra”, el nombre con el que se conocía internamente la investigación federal del caso.

Cuando termina el café, se despide asegurando que “quisiera ayudar”, que “quisiera intervenir” en los asuntos educativos del país. “Pero no, porque eso es volver otra vez a la vida pública”.

 

José M. Encarnación Martínez es integrante de Report for America.

Este reportaje se publica en Metro gracias a una alianza con el Centro de Periodismo Investigativo.