Consultores y abogados guisan a to' lo que da con la Junta de Control Fiscal

Por Luis J. Valentín – Centro de Periodismo Investigativo


 

Contratados para asistir a la Junta, estos ejecutivos participan directamente en la confección de planes fiscales y presupuestos, el manejo de la chequera, la reestructuración de la deuda, los casos de quiebra, y la operación y venta de la Autoridad de Energía Eléctrica.

Martin Bienenstock mira su tabletaLleva traje azul marino, corbata verde, pierna derecha cruzada y está sentado en la audiencia. En medio del libreto que sigue la duodécima reunión pública de la Junta de Control Fiscal en Puerto Rico, alza la vista, ajusta sus espejuelos, frunce el ceño y presta atención a la discusión. Aparenta que nada pasa y centra nuevamente su mirada en el aparato electrónico.

Bienenstock es un reconocido abogado en el exclusivo mundo de quiebras. Con casi 40 años de experiencia, ha estado en las principales quiebras corporativas en Estados Unidos. Jugó un papel central en la reestructuración de las compañías automotrices General Motors y Chrysler. También representó en su quiebra a la ya difunta del sector energético, Enron. Su biografía menciona que por los pasados 10 años, ha sido un fijo en la lista de los 100 abogados de quiebra más influyentes de Estados Unidos del National Law Journal. Un “MVP” entre los abogados de quiebra según Law 360, un medio especializado en temas legales.

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El Conde Tres Palitos, líder supremo de la Junta de Control Fiscal.

Desde finales de 2016, Bienenstock y el bufete para el que trabaja, Proskauer Rose, son el principal asesor legal de la Junta de Control Fiscal, particularmente en los casos de quiebra bajo el Título III de PROMESA. Entre mayo de 2017 y junio de 2018, dedicó sobre 1,500 horas de su vida a la quiebra de Puerto Rico. Cada minuto de trabajo de Bienenstock cuesta $12.65 al erario y ya facturó más de $1.3 millones en tan solo un año. Una solicitud de reacción a Bienenstock no fue atendida al cierre de esta edición.

Bienenstock y su equipo de Proskauer son solo parte del andamiaje de cientos de contratistas que trabajan para la Junta. Más de 200 abogados, consultores y otros profesionales — ejecutivos de la quiebra — constituyen la “mano de obra” del ente impuesto por el gobierno federal a través de la ley PROMESA, según los contratos y la facturación que examinó el Centro de Periodismo Investigativo (CPI). Los contribuyentes puertorriqueños han pagado a esta fecha, por lo menos, $80 millones en gastos de la Junta. El presupuesto de la entidad para el nuevo año fiscal añade sobre $60 millones a la cuenta.

A juicio de la directora ejecutiva, Natalie Jaresko, la Junta es cuidadosa, selectiva y hace “lo mejor posible” para controlar el gasto en servicios profesionales “de calibre mundial”, según lo califica. “Los problemas de Puerto Rico son muy complejos, únicos. Requieren las mejores soluciones posibles. Cuando miras el plan fiscal ves que no fue escrito por alguien con un par de ideas…”, sostuvo durante una entrevista con el CPI, al justificar el gasto incurrido en las firmas contratadas, luego de resaltar el carácter temporero de la Junta.

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19 de abril de 2018 – Duodécima reunión de la Junta de Control / Supervisión Fiscal de Puerto Rico y en la que el Gobierno de Puerto Rico sometió su plan fiscal.

Sin embargo, Jaresko contestó que “no sabría decir” sobre hasta cuándo permanecerá en funciones la Junta, y con ella, el gasto de fondos públicos relacionado a la entidad. “Necesitamos por lo menos cuatro años de balance fiscal y no hemos llegado a eso. Por lo que, mínimo, cuatro años más”, añadió.

Como ocurre con muchas de las firmas y bufetes relacionados a la quiebra de Puerto Rico, Proskauer conoce bien a su cliente. En el 2014, el bufete con sede en Nueva York fue contratado por el entonces gobernador Alejandro García Padilla. Bienenstock fue el autor intelectual de la Ley de Quiebra criolla, un intento legislativo del gobierno de Puerto Rico para tener acceso a un régimen de quiebra dentro de los confines de un tribunal. No tuvo éxito. En el verano de 2016, el Tribunal Supremo de los Estados Unidos falló en contra del Gobierno e invalidó la controversial pieza legislativa por entender que es un campo del Derecho que le corresponde regular exclusivamente al Gobierno federal. El Congreso de Estados Unidos actuó y aprobó PROMESA, una ley experimental que se pone a prueba cada día. Dos años después, Bienenstock lidera la consultoría y representación legal de la Junta.

Para el ex juez de quiebra federal, Gerardo Carlo Altieri, la reestructuración de la deuda de Puerto Rico es única en la historia de Estados Unidos; un “mega caso” al nivel de Detroit, Argentina, Grecia, Jefferson County (Alabama), Orange County y San Bernardino (California). También comparte muchos de los abogados y consultores que han trabajado estas quiebras.

“Este es un grupo de abogados súper especializados que se dedica a ir alrededor del mundo a atender estos asuntos de insolvencia de Gobierno y cobran muchísimo. Eso se sabía”, apuntó Carlo Altieri.

Superan los pronósticos de facturación

Lo que no se sabía, según el ex juez de quiebra, era el nivel de duplicidad que existiría en consultoría y asesoría legal. Lejos de compartir servicios legales y de consultoría, la Junta y el Gobierno contratan sus propios abogados y consultores para trabajar cada tarea fiscal.

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“No puedo hablar sobre lo que hace o no el Gobierno con sus consultores o si utiliza servidores públicos”, dijo Jaresko a preguntas sobre qué hace la Junta frente al gasto del Gobierno en estos servicios. Apuntó a que en algunos casos, ha sido el Tribunal Federal quien requiere al Gobierno utilizar sus propios abogados y consultores. La Junta asegura que PROMESA faculta a la entidad como único representante del Gobierno en el proceso de quiebra.

Jaresko continuó: “La Junta fue creada para ser independiente y necesitas una mirada independiente. No creo que aquellos que en el pasado — y no estoy nombrando una institución — fueron responsables de no financiar suficientemente los sistemas de pensiones deben estar escribiendo el plan para los sistemas de pensiones. Eso sería insensible. Necesitas perspectivas diferentes…”.

Entonces, ¿debería la Junta permanecer lejos de los mismos asesores que participaron en la toma de decisiones pasadas del Gobierno?

“No, no puedo decir eso… Quieres personas con experiencia en la mesa. No quieres solamente personas que nunca hayan mirado a Puerto Rico y vengan de otro lado. Es la mezcla de ideas, la combinación de experiencias, de dentro y fuera de Puerto Rico, lo que nos llevará a las mejores soluciones posibles”, contestó la directora ejecutiva de la entidad.

En total, la Junta mantiene bajo contrato a casi una decena de bufetes, que se suman a otras 12 firmas de consultoría y asesoría financiera. Las tarifas de estos “profesionales” fluctúan en su mayoría los $700 por hora. En Puerto Rico, un país en quiebra, el salario semanal promedio apenas supera los $500, según datos recientes del Buró de Estadísticas Laborales federal.

Para el economista y profesor Heriberto Martínez Otero existe una duplicidad “o triplicidad, si es que esa palabra existe”, en el gasto de abogados y consultores, mientras que la mayoría de estos salarios van a parar fuera de la Isla y no al sector privado local. “Reducen nómina y servicios sociales, pero la compra de servicios [profesionales] la tienen explotá”, opinó Martínez Otero.

Como parte del proceso legislativo federal para considerar la ley PROMESA, la Oficina de Presupuesto Congresional (CBO en inglés) publicó un informe con los gastos estimados que tendría la Junta para el Gobierno de Puerto Rico. Entonces, proyectó la cifra en unos $370 millones durante un periodo de diez años, hasta el 2026. Se equivocó, y por mucho.

Tanto el Gobierno como la Junta proyectan que la cuenta en servicios profesionales relacionados a la quiebra ascenderá a casi $1,400 millones en los próximos seis años. Esta cantidad es mayor que el presupuesto para el próximo año fiscal en el Departamento de Salud, de $935 millones.

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El CPI cuestionó al CBO si le preocupa el desfase entre sus proyecciones y el gasto incurrido hasta el momento, a lo que la agencia federal contestó de manera evasiva que no tenía información adicional al informe que publicó en el 2016 sobre el proyecto de ley PROMESA.

Aumenta su tamaño y sus gastos

La Junta gastará más en el nuevo año fiscal que comenzó el pasado 1 de julio. Su presupuesto suma ahora $64.5 millones, un aumento de 8% en comparación al anterior, que fue de $60 millones. Esta vez, se triplican los gastos de transportación, al igual que los de compras de equipo.

“Este es el comienzo de un año completo de monitoreo e implementación de las medidas fiscales y las reformas estructurales, y sí, estamos añadiendo personal. Con el nuevo plan fiscal, que refleja el ambiente post-María, estamos más activos en las negociaciones sobre la deuda. Cuando dices gastos de viajes, gran parte de las negociaciones, para bien o para mal, ocurren en Nueva York”, justificó Jaresko durante la entrevista, en las oficinas de la Junta en el 288 Muñoz Rivera de la Milla de Oro en Hato Rey.

Allí en el piso 11, todavía hay espacios vacíos y rastros de remodelación, al igual que materiales y muebles aún en cajas. Una pancarta de piso frente a una de las oficinas lee, “Puerto Rico brillará otra vez”, en inglés. La entidad alquila ese espacio al Gobierno de Puerto Rico. La Junta también tiene oficinas en el 26 Federal Plaza del edificio federal Jacob Javits en el barrio neoyorquino de Manhattan.

En las dos oficinas, la Junta cuenta con 18 empleados, confirmó por escrito un portavoz de la entidad. Añadió que la oficina que el año pasado dijo que abriría en Washington, D.C., está fuera de los planes por el momento.

Pero el presupuesto actual sí incluye la apertura de una tercera sede de la Junta en la capital federal, al igual que 11 nuevos puestos fijos, para un total de 29. Los gastos en nómina suman este año unos $4.1 millones, un 40% más que el año anterior ($2.9 millones). Jaresko ($625,000 anuales), el coordinador de revitalización, Noel Zamot ($325,000) y el abogado de la casa, Jaime El Koury ($225,000) son los más altos en la nómina de la Junta.

Una lista de empleados publicada en noviembre del 2017 incluye como chief of staff a Rosemarie “Maí” Vizcarrondo Carrión ($120,000), quien fue directora de la oficina del pasado comisionado residente, Pedro Pierluisi y es familia de su esposa, María Elena Carrión, y del presidente de la Junta, José Carrión. Otros que forman parte del equipo son el director de reestructuración, Armando Silva ($150,000), quien trabajó hasta diciembre en la Junta y anteriormente estuvo en Citi; Miguel Tulla ($150,000), director fiscal y de implementación, y exempleado de V2A, firma que asesora al Gobierno; y el segundo abogado de la casa, Kyle Rifkind ($100,000). Según la red social LinkedIn, se añaden otros nombres tales como Alejandro Figueroa, quien se identifica como director de transformación de la AEE, fue principal abogado de la Comisión de Energía hasta el pasado mes de junio y pieza fundamental en la demanda del regulador en contra de la Junta. Edgar Arroyo (asociado de reestructuración), Sergio Rodríguez (analista financiero), Jean Carlos Rodríguez (asociado de reestructuración) y Sebastián Negrón Reichard (subdirector de oficina) también nombran a la Junta como su patrono en sus perfiles.

Una versión actualizada de la nómina de la Junta no fue provista al cierre de esta edición.

(Nota del editor de El Calce: Esto no para aquí. Vea el artículo completo del CPI, con todo y tablas, pulsando aquí)