Ante el último asesinato por uso de fuerza policial en Estados Unidos de América, esta vez contra George Floyd, un hombre negro y desarmado, el pueblo estadounidense se ha volcado en rabia y dolor contra un sistema violento que supone un peligro de muerte 50% más alto para las personas negras e hispanas en ese país. Desde Kilómetro Cero nos hemos solidarizado con el pueblo estadounidense que ha salido a defender su dignidad a pesar de la pandemia del COVID-19 y de un sistema brutalmente represivo que los ataca por exigir derechos fundamentales como son el derecho a la vida, a la dignidad, a la igual protección de las leyes y a la protesta.
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En este momento, nos parece vital que el pueblo de Puerto Rico conozca la realidad de las muertes por uso de fuerza de la Policía en nuestro país. Si bien la violencia de Estado, así como las dinámicas raciales y de clase tienen su propio contexto social y político en Puerto Rico, el sistema de injusticia, la ausencia de mecanismos de rendición de cuentas y la perpetuidad de la impunidad son situaciones que están en un estado de mucha más precariedad en nuestro país. ¿Por qué decimos esto?
Porque, contrario a Estados Unidos, en PR no existen entidades independientes que supervisen ni investiguen las acciones ilegales o excesivas de la Policía; No se ha visto que, en sus 7 años de vida, la Reforma de la Policía haya rendido frutos en la ejecución del trabajo policiaco, más allá de la serie de políticas escritas que se han aprobado; Las personas deben querellarse contra los agentes en la propia agencia, lo cual no ofrece un proceso justo y neutral sino que produce investigaciones sin rigurosidad alguna según expresado recientemente por el propio monitor federal de la Policía; No hay aún en la sociedad una cultura de grabar las intervenciones fatales de los agentes de la seguridad pública; y, desde que se aprobó la ley PROMESA, las reclamaciones judiciales civiles contra el Estado se han limitado extraordinariamente, logrando incluso su paralización a raíz de que aún no se ha resuelto la reestructuración de la deuda pública del País. La ley PROMESA protege al Estado contra demandantes que persigan compensación económica por daños y perjuicios ocasionados. Esto coloca al pueblo de Puerto Rico en un arrinconamiento anti-democrático insostenible, donde no existen opciones de reparación para las personas que sufren la violencia de Estado.
Por eso entendemos que es buen momento para que la ciudadanía revise la sección CUÉNTAME, nuestro sistema de monitoreo de muertes por uso de fuerza de la Policía en Puerto Rico. También los invitamos a apoyar y abogar por nuestras peticiones y recomendaciones al País.
De al menos 17 personas que la Policía ha matado en nuestro país desde 2019:
- 11 NO portaban armas de fuego
- 8 NO portaban arma alguna.
- 2 eran personas que atravesaban crisis de salud mental
- 9 tenían 25 años o menos
- Todos pertenecían a sectores marginados socioeconómicamente
La Policía de Puerto Rico tiene un largo historial de violaciones de derechos civiles, uso de fuerza excesiva y abuso contra la ciudadanía. A pesar de estar en una reforma ordenada por el Tribunal Federal de Estados Unidos, durante el 2019 la agencia intervino violentamente con al menos 53 manifestantes en las protestas de #RickyRenuncia, más recientemente exhibió la misma conducta contra manifestantes de #WandaRenuncia y todavía le esconde al Pueblo la cantidad e intensidad de sus incidentes de uso de fuerza, y las personas que mueren en ellos.
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Entre el año 2018 y 2019, al menos 22 personas murieron por uso de fuerza policial en Puerto Rico. En 2020, ya hay 4 víctimas fatales de la Policía, lo que eleva la suma a 26 desde 2018. Esto no aparece en estadística alguna disponible públicamente por la Policía pero, tras una serie de peticiones estratégicas de información, demandas e investigaciones comunitarias, Kilómetro Cero ha logrado conseguir información, analizarla y divulgarla.
Las 22 muertes en Puerto Rico hasta 2019 implican que, por cada millón de habitantes, 3.44 individuos murieron a manos de la Policía. Esa tasa coloca a Puerto Rico entre los estados de Virginia (3.46) y Delaware (3.09) y por encima de muchos estados del Este de EEUU. Peor aún, a los responsables de estas muertes en Puerto Rico, no se les han radicado cargos criminales, ya que cada vez que un agente mata un ciudadano, el Estado argumenta que fue en “legítima defensa” y los fiscales no someten los cargos.
Véase, por ejemplo, el caso de Francisco Manuel Marrero Noa, de 35 años, quien no portaba arma de fuego. Francisco y su pareja tuvieron una discusión con una mujer policía que compartía con sus compañeros fuera de horas laborales. La discusión se convirtió en un forcejeo entre los agentes y Francisco (hay quienes afirman que os policías le propinaron una golpiza) y, luego de la confrontación, Francisco se retiró del negocio. Él entró a su auto y, al retroceder, impactó a un ciudadano accidentalmente. Este sufrió heridas muy leves. Sin embargo, dos de los policías respondieron disparándole a Francisco 8 veces “en defensa propia” y en “defensa de terceros” porque alegadamente este los iba a atropellar. Al momento, no se ha informado que se hayan radicado cargos contra los agentes responsables de las muertes. Evidentemente sigue existiendo una cultura de impunidad entre los agentes de ley y orden. En una sociedad que aspira a llamarse democrática, esto es inadmisible.
Puerto Rico necesita una Policía profesional, constitucional, con perspectiva de derechos humanos y que sirva solo en los ámbitos estrictamente necesarios de la seguridad pública.
Por tal razón, abogamos por:
- Investigaciones administrativas y criminales independientes sobre toda conducta delictiva e impropia de parte de agentes a cargo de la seguridad pública. Las investigaciones administrativas debe llevarlas a cabo una entidad autónoma de la Policía con amplia participación ciudadana y peritaje técnico, como ocurre en cientos de ciudades y países en todo el mundo. Las investigaciones criminales debe efectuarlas una fiscalía especial para delitos de funcionarios de seguridad pública.
- Que se presenten cargos criminales a los agentes que abusan de la fuerza, violan las políticas constitucionales de la agencia, ejecutan castigos ilegales contra la ciudadanía y exhiben negligencia crasa en el desempeño de sus funciones.
- Legislación que regule el uso de fuerza de los agentes de la seguridad pública.
- Procesos rigurosos de supervisión del uso de fuerza en la Policía de Puerto Rico a nivel interno.
- Transparencia absoluta en la información.
- Creación de un sistema de respuesta de emergencias (911) que NO envuelva automática y exclusivamente a la Policía para atender casos de grupo vulnerables como por ejemplo, personas con la salud mental comprometida, personas en situación de violencia doméstica, personas sin hogar, niños y niñas, entre otros. Esta respuesta debe envolver a especialistas como trabajadores sociales y profesionales de la salud. Si eso existiera en Puerto Rico, Anthony Maldonado Avilés, joven con epilepsia, no habría sido asesinado por la Policía de Puerto Rico el año pasado. Tampoco Giovanni Rivera Reyes, persona con esquizofrenia. En Kilómetro Cero abogamos por desplazar recursos económicos de la Policía hacia este sistema de respuesta social. Exigimos se dispongan los recursos para ofrecer una verdadera respuesta de emergencia a nuestras personas más vulnerables.
Ilustración: Josué Isassi, El Sol de México
Kilómetro Cero es una organización sin fines de lucro que aspira a un Puerto Rico donde el Estado proteja la vida humana, la libertad y la dignidad, para una sociedad más justa y democrática. Como parte de sus áreas programáticas, realiza investigaciones periódicas sobre violencia del Estado, documenta casos y aboga por la reducción del uso de fuerza y la represión del Estado.
#FueLaPolicia # OjoAlEstado #LaPoliciaEstaParaProteger #NoParaMatarnos
