Comisión OEA incluyó a PR en informe sobre represión a libertad de expresión

Se trata del informe anual sobre libertad de expresión.

La situación crítica en que se encuentra el derecho a la libertad de expresión en Puerto Rico figura este año en el Informe anual respecto a la situación de la libertad de expresión en el continente en 2018, que hace la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), organismo adscrito a la Organización de Estados Americanos (OEA). La Relatoría de Expresión cita a Kilómetro Cero, organización que le hizo llegar un informe sobre los sucesos que han deteriorado las garantías a la libertad de expresión en el País durante los últimos años.

"En Puerto Rico, de acuerdo con la información remitida por la organización Kilómetro Cero a la Relatoría Especial, durante 2018 se reportaron un gran número de eventos de protesta social y varios hechos violentos y de represión en el contexto de esas protestas", lee el Informe, que incluye a Puerto Rico bajo la jurisdicción de Estados Unidos.

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"Según lo informado, "[l]a respuesta del Estado ha sido la misma: criminalización y fuerza bruta. Las tácticas violatorias de derechos humanos por parte de la policía continuaron e incluso empeoraron durante 2018'. Por ejemplo, de acuerdo con el informe, el 1 de mayo 'decenas de organizaciones cívicas, feministas, magisteriales, profesionales, sindicales, universitarias convocaron a manifestaciones. Los abusos de la Policía no se hicieron esperar. Desde temprano trataron de controlar y limitar el ejercicio de la libre expresión mediante el cierre del paso a marchas pacíficas por espacios públicos, como sucedió con la Marcha convocada por las mujeres y la marcha de los sectores universitarios. La Policía utilizó indiscriminadamente gases lacrimógenos contra la población, utilizó fuerza bruta contra manifestantes, hubo arrestos ilegales y persiguió a jóvenes hasta sus hospedajes para arrestarlos'. Asimismo, el informe expone sobre una serie de medidas que el gobierno habría adoptado como presencia desproporcionada de policías, bloque de rutas a manifestantes, abuso en el uso de gases lacrimógenos, uso excesivo de la fuerza, invasión de propiedad privada sin orden judicial para realizar arrestos, varias detenciones e imputaciones procesales".

Después de describir lo informado desde Puerto Rico, la Relatoría de Libertad de Expresión concluye: "La CIDH ha reiterado que la protesta social es una herramienta fundamental para la labor de defensa de los derechos humanos, y esencial para la expresión crítica política y social de las actividades de las autoridades. La Comisión ha señalado que 'resulta en principio inadmisible la penalización per se de las demostraciones en la vía pública cuando se realizan en el marco del derecho a la libertad de expresión y del derecho de reunión' y que 'el ejercicio del derecho de reunión a través de la protesta social no debe sujetarse a una autorización por parte de las autoridades ni a requisitos excesivos que dificulten su realización"".

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Mari Mari Narváez, fundadora y directora ejecutiva de Kilómetro Cero, reaccionó a la publicación del Informe diciendo: "Hemos dicho que nuestras denuncias sobre las violaciones a la libertad de expresión serían llevadas a foros internacionales y nos satisface enormemente que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos haya decidido incorporar nuestra situación, que normalmente queda invisibilizada debido a la ausencia oficial de nuestro país en ese y otros cuerpos internacionales. En Puerto Rico vivimos acorralados en una crisis anti-democrática sin igual en todo el continente americano. Nuestros derechos fundamentales se han visto seriamente vulnerados en los últimos años debido a las medida extremas de austeridad a las que se ha sometido al pueblo de Puerto Rico. Es en momentos críticos como este cuando el Estado más tiene que proteger la libertad de expresión. En Puerto Rico, sin embargo, lo que el Estado y el gobierno federal han hecho ha sido vulnerar aún más ese derecho fomentando el uso excesivo de la fuerza de parte de la Policía, la desincentivación de la protesta, arrestando masiva e ilegalmente a estudiantes e incluso encarcelando y enjuiciando a personas por ejercicios relacionados a la expresión. Si en nuestro país no se toman medidas para garantizar el derecho a la libertad de expresión, desde la ciudadanía continuaremos llevando nuestras denuncias y exigencias a otros foros superiores".

El Informe de la CIDH añade que: "En la Declaración Conjunta sobre violencia contra los y las periodistas en el marco de manifestaciones sociales, adoptada en 2013, se indica que los derechos de reunión y libertad de expresión 'son fundamentales y su garantía es una condición necesaria para la existencia y el funcionamiento de una sociedad democrática. Un Estado puede imponer limitaciones razonables a las manifestaciones con el fin de asegurar el desarrollo pacífico de las mismas o dispersar aquellas que se tornan violentas, siempre que tales límites se encuentren regidos por los principios de legalidad, necesidad y proporcionalidad. Además, la desconcentración de una manifestación debe justificarse en el deber de protección de las personas, y deben utilizarse las medidas más seguras y menos lesivas para los manifestantes. El uso de la fuerza en manifestaciones públicas debe ser excepcional y en circunstancias estrictamente necesarias conforme a los principios internacionalmente reconocidos'”.

El informe anual de la Relatoría de Libertad de Expresión es parte del Informe Anual presentado por la Comisión a los Estados miembros de la CIDH. En el informe que Kilómetro Cero envió al Relator de Expresión de la CIDH, Edison Lanza, participaron también  las licenciadas Yanira Reyes, de Inter Mujeres; Mariana Nogales y Nicole Curet de Brigada Legal Solidaria y Natalia Ramírez de Espacios Abiertos.

Kilómetro Cero es una organización sin fines de lucro que promueve el ejercicio policíaco democrático de parte del Estado y desarrolla proyectos que impulsan el poder ciudadano en las áreas de seguridad comunitaria, justicia y participación.

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