Chequeo de datos mensaje Pierluisi: fue "exagerado" y "engañoso" en expresiones sobre educación

Te presentamos el chequeo de datos que realizó el CPI sobre lo que dijo Pierluisi en su mensaje sobre temas de educación.

El Centro de Periodismo Investigativo realizó un chequeo de datos sobre las expresiones emitidas ayer por el gobernador Pedro Pierluisi Urrutia en su primer mensaje de Estado, enfocado particularmente a lo que tiene que ver con la reapertura de las escuelas y la recuperación de los planteles que han sido afectados por huracanes, terremotos, abandono gubernamental y desolación sin precedentes tras la crisis de la pandemia.Aquí te traemos, cuatro puntos que fueron desmentidos tras el cotejo de los periodistas José Manuel Encarnación Martínez y Tatiana Díaz Ramos, del CPI. En algunos casos, las expresiones de Pierluisi resultaron ser exageradas, en otros, simplemente fue engañoso. Veamos.

I. “La reapertura de sobre 100 escuelas públicas que están acondicionadas para recibir a sus estudiantes…”

CHEQUEO DE DATOS | VEREDICTO: EXAGERADO

Pierluisi Urrutia aseguró que “la reapertura de sobre 100 escuelas públicas que están acondicionadas para recibir a sus estudiantes ha sido el comienzo de un proceso que no culminará hasta que todos nuestros niños y niñas tengan un plantel seguro para sus estudios”.

Como todos los miércoles el Departamento de Salud publicó el Informe semanal del Análisis de Transmisión Comunitaria del COVID-19 para la toma de decisiones en las comunidades escolares en Puerto Rico. Aunqueal finalizar el mensaje del primer ejecutivo no se había circulado el documento correspondiente a esta semana, una vez publicado se supo que 38 municipios figuraban con un alto nivel de transmisión: Aguada, Aguadilla, Cabo Rojo, Camuy, Canóvanas, Carolina, Cataño, Cayey, Ciales, Coamo, Comerío, Corozal, Dorado, Guayanilla, Hatillo, Hormigueros, Jayuya, Juncos, Lares, Las Marías, Loíza, Luquillo, Moca, Morovis, Naguabo, Naranjito, Orocovis, Quebradillas, Rincón, Río Grande, Sabana Grande, San Juan, San Lorenzo, Toa Alta, Toa Baja, Trujillo Alto, Utuado y Vega Alta.

El Centro de Periodismo Investigativo (CPI) confirmó que 82 escuelas públicas y 74 privadas habían recibido una certificación final que garantice el cumplimiento de cada plantel con los protocolos para el manejo del COVID-19, contrario a la mención de “sobre 100 escuelas públicas” de Pierluisi. Asimismo, que 243 escuelas contaban con una precertificación: 127 públicas, 115 privadas y un centro preescolar.

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(Foto: Dennis A. Jones | Metro)

Para la doctora en Salud Pública, Marysel Pagán Santana, el panorama no luce alentador de cara a los próximos días.

“En términos de las escuelas, vamos a tener a la mayoría de los municipios en una situación no favorable para las clases presenciales, tanto por los indicadores como por las proyecciones. Tenemos una cantidad razonable de municipios en alto nivel de transmisión, que no permite clases presenciales, pero el resto de los municipios están en nivel naranja. La expectativa es que esos municipios en naranja alcancen el rojo en los próximos días. Así que estamos hablando de que, a nivel isla, las clases presenciales no deberían estar llevándose a cabo, en combinación con las denuncias de diferentes gremios por el incumplimiento con los protocolos”, aseguró la asesora en temas de salud y seguridad ocupacional de trabajadores esenciales de la Mesa Social.

Pagán Santana añadió que “claramente, hay una necesidad de establecer mejores restricciones y prestar atención a lo que es el regreso presencial a las escuelas, dando la instrucción de regreso a las clases virtuales en lo que se controla este crecimiento exponencial que estamos observando.

Como recientemente publicó el CPI, el hecho de que una escuela se haya precertificado para reabrir no garantiza el cumplimiento con los protocolos. La precertificación de una escuela es responsabilidad del director o de un representante escolar. Esa precertificación es una declaración de cumplimiento con los protocolos y permite la apertura de la escuela, condicionada a la evaluación de los epidemiólogos del Sistema Municipal de Investigación de Casos y Rastreo de Contactos (SMICRC). Son estos funcionarios quienes someten los resultados de esa inspección escolar al Departamento de Salud y a partir de ese proceso se produce la certificación final en caso de que se confirme el cumplimiento con los protocolos.

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(Foto: Nahira Montcourt | Centro de Periodismo Investigativo)

Al menos 25 escuelas no recibieron aprobación luego de la evaluación correspondiente. De ese total, 13 eran públicas, 11 privadas y había un centro preescolar.

En el último informe de comunidades escolares de marzo, 14 municipios figuraban con un nivel alto de transmisión: Barranquitas, Ciales, Florida, Hatillo, Juana Díaz, Lares, Loíza, Orocovis, Quebradillas, Rincón, Sabana Grande, San Germán, Toa Baja y Utuado.

A la primera semana de marzo sólo cuatro de las 115 escuelas que el Departamento de Educación anunció para abrir tenían una certificación final de un epidemiólogo y 59 contaban con una autocertificación preliminar, lo que en ese momento representaba un 4% del universo de escuelas del Departamento de Educación.

La afirmación de Pierluisi de que “sobre 100 escuelas públicas que están acondicionadas para recibir a sus estudiantes” es exagerada porque a la fecha menos de 85 escuelas públicas están debidamente certificadas para recibir estudiantes.

II. Pedro Pierluisi: “Se está culminando el proceso para proveer espacios temporeros en áreas del sur en que las escuelas sufrieron daños catastróficos”.

CHEQUEO DE DATOS | VEREDICTO: ENGAÑOSO

Pierluisi Urrutia afirmó en su primer Mensaje de la Situación del Estado que “se está culminando el proceso para proveer espacios temporeros en áreas del sur en que las escuelas sufrieron daños catastróficos” luego de los terremotos de enero de 2020, que dejaron, en todo el país, un saldo de 253 escuelas parcialmente aptas y 53 no aptas para recibir estudiantes.

El único paso dado en esa dirección es la aprobación por parte de la Junta de Control Fiscal (JCF) de una transferencia al Departamento de Educación (DE) por $46,358,349 proveniente del fondo de emergencia, para la instalación de módulos que sirvan como escuelas temporeras en Guayanilla, Guánica y Peñuelas.

Hasta ahora la Autoridad para el Financiamiento de la Infraestructura (AFI), que tendría a su cargo solicitar propuestas para estos proyectos, no ha abierto ninguna subasta con este propósito según se desprende de su más reciente informe de subastas.

En enero y febrero de 2021, se cancelaron, a petición del Gobernador, dos subastas para instalar parques de vagones en Guánica y Guayanilla que servirían como escuelas, según confirmó AFI al Centro de Periodismo Investigativo a finales de febrero. Pierluisi Urrutia dijo que la cancelación se pidió por el alto costo de los estimados de estas obras y el tiempo que tomaría completarlas.

Revive el Mensaje de Situación de Estado aquí:

Mensaje del Gobernador, Pedro Pierluisi

El gobernador, Pedro Pierluisi, ofrece el Mensaje de Situación del Estado.

Publicado por El Calce en Miércoles, 7 de abril de 2021

Desde el 16 de febrero, Pierluisi declaró mediante una orden ejecutiva que las escuelas públicas del país se encuentran en estado de emergencia. Una semana después, el gerente general de la Oficina para el Mejoramiento de Escuelas Públicas (OMEP), Miguel Colón, declaró ante una comisión senatorial que en la ‘zona cero’ de los temblores sólo se han completado mejoras en cinco escuelas de Coamo, una de Ponce y dos de Villalba.

La Autoridad de Edificios Públicos (AEP), a cargo de 425 planteles, anunció la reconstrucción de 17 escuelas con una inversión de $30 millones provenientes de fondos federales. En esa lista de 17 escuelas sólo se incluyeron dos escuelas de Guayanilla y la demolición de la Escuela Superior Áurea Quiles Claudio de Guánica, municipio donde colapsó la Escuela Agripina Seda tras los sismos.

Pierluisi Urrutia firmó otra orden para declarar el estado de emergencia en la infraestructura del país, que incluye la rehabilitación y reconstrucción de escuelas públicas de “forma expedita”. Las expresiones del Gobernador son engañosas porque no se puede estar “culminando un proceso” para el cual ni siquiera se han convocado ni adjudicado propuestas para instalar módulos temporeros, a pesar de las declaraciones de emergencia de las escuelas y la infraestructura del país.

III. Pedro Pierluisi: “No permitiré más recortes a la Universidad”

CHEQUEO DE DATOS | VEREDICTO: ENGAÑOSO

Pierluisi Urrutia afirmó en su primer Mensaje de la Situación del Estado que, bajo su mandato, no permitirá más recortes al presupuesto de la Universidad de Puerto Rico (UPR).

“Nuestra universidad es una joya y una cantera de talento y vamos a protegerla, pues no permitiré más recortes a la Universidad”, dijo el miércoles durante su alocución ante la Asamblea Legislativa.

El anuncio hecho por Pierluisi Urrutia evade el hecho de que la aprobación final en torno a los planes fiscales propuestos por la Junta de Gobierno de la UPR recae en la Junta de Control Fiscal (JCF) y no en la rama ejecutiva. El Plan Fiscal de la institución es preparado y aprobado por la Junta de Gobierno de la UPR, que actualmente se compone de personas nombradas por las dos pasadas administraciones.

El pasado 2 de febrero, la Oficina de Gerencia y Presupuesto (OGP) envió una carta a la directora ejecutiva de la JCF, Natalie Jaresko, informando sobre el presupuesto propuesto para el Año Fiscal 2021-2022. La administración Pierluisi incluyó una asignación recurrente de $94 millones para la UPR, que ya la JCF había pedido que se recortaran. De esta forma, la administración de Pierluisi buscaba evitar que se redujera a $407 millones el presupuesto universitario. La propuesta del Gobernador busca mantener en $501 millones la asignación que la UPR recibe del Fondo General.

Un mes después de la carta, la Junta de Gobierno universitaria determinó que esos $94 millones serían restringidos para usos tales como aumentar la aportación patronal al Sistema de Retiro de la UPR, medidas para mitigar el impacto del COVID-19 en la institución, parear los fondos federales, entre otros manejos que no estuvieran relacionados a cubrir deficiencias presupuestarias.

De acuerdo al presidente de la Asociación Puertorriqueña de Profesores Universitarios (APPU), Ángel Rodríguez Rivera, las restricciones de la Junta de Gobierno es como si se hubiesen recortado $94 millones al presupuesto universitario y equivalen a dejar el presupuesto de la UPR en $407 millones, en lugar de $501 millones

“Por un lado me alegré muchísimo que [Pierluisi] estuviese diciendo eso [de no más recortes a la UPR]. Por otro lado, me pareció algo cínico que la Junta de Gobierno de la Universidad de Puerto Rico, siguiendo instrucciones de la Junta de Control Fiscal, acaba de aprobar un Plan Fiscal que contiene un recorte de $94 millones a la universidad. Hay recintos como el de Ciencias Médicas que reciben cerca de $14 millones de recortes. El Recinto de Cayey son cerca de $6 millones [en recortes] y eso lo haría prácticamente inoperante”, dijo Rodríguez Rivera al Centro de Periodismo Investigativo minutos después de culminado el mensaje del Gobernador.

“¿La palabra del Gobernador tiene alguna validez para la Junta de Gobierno? Es el primer Plan Fiscal que somete la Universidad de Puerto Rico bajo la administración de Pedro Pierluisi. No es un Plan Fiscal que viene corriendo. No, este es el Plan que se creó bajo la administración de Pierluisi”, añadió el líder de la APPU.

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El propio presidente de la UPR, Jorge Haddock, admitió que las restricciones en el uso de los $94 millones dificultan la operación de la institución. En declaraciones hechas al diario El Nuevo Día tras conocer la decisión de la Junta de Gobierno sobre el Plan Fiscal, Haddock reconoció que “un presupuesto de $407 millones no sostiene la calidad académica, (…) la calidad administrativa a la que aspiramos en el primer centro docente”.

El Plan Fiscal aprobado por la Junta de Gobierno aún es evaluado por la JCF.

“Vamos a honrar las pensiones públicas en Puerto Rico”

Además de la restricción en el uso del dinero solicitado en el presupuesto propuesto por el Gobierno, la Junta de Gobierno igualmente realizó el mes pasado cambios al Sistema de Retiro de la UPR. Bajo el nuevo modelo, aquellos empleados con menos de 10 años de servicios, ya no se beneficiarán del sistema en el cual su pensión de retiro se calcula a base del salario devengado mientras trabajaron para la UPR, independientemente de cuánto hayan aportado. A partir de enero de 2022, estos empleados con pocos años de servicio deberán acogerse a un sistema en el cual sus pensiones se basarán en las aportaciones realizadas mientras eran trabajadores de la institución.

Esta decisión contrasta con la declaración de Pierluisi, quien en su mensaje declaró que “vamos a honrar las pensiones públicas en Puerto Rico”.

“Acaban de quitarle el Plan de Retiro de beneficios definidos a todos los compañeros y compañeras que lleven menos de 10 años, que son cientos de colegas, tanto docentes como no docentes”, expresó Rodríguez Rivera al referirse a la decisión tomada el pasado 25 de marzo por la Junta de Gobierno para modificar el sistema de beneficios.

A las restricciones presupuestarias impuestas por la Junta de Gobierno se suman nuevos aumentos en el costo de los créditos para los cursos universitarios.

“Todo esto está contenido en el Plan Fiscal que establece la Junta de Gobierno, mientras el Gobernador de Puerto Rico está planteando que va a defender a la universidad”, puntualizó el presidente de la APPU.

Las expresiones de Pierluisi en torno a no permitir más recortes en la UPR son engañosas debido a que, por una parte, la decisión de los recortes recae en la JCF, y en segunda instancia en la Junta de Gobierno, y por otra parte, durante su administración se han tomado medidas que reducen los ya precarios recursos del sistema universitario público.

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