Chapucerías a granel en Plan de Acción para los $1.5 mil millones federales

Más de ochenta entidades proveedoras de servicios legales, líderes comunitarias, organizaciones de base, activistas y defensoras del acceso a la justicia en Puerto Rico y Estados Unidos denunciaron ayer las fallas del borrador de Plan de Acción que el Gobierno local publicó para el uso de $1.5 mil millones de dólares en fondos federales “Community Development Block Grant- Disaster Recovery” (CDBG-DR).

Estas se unieron a los comentarios presentados por la iniciativa de educación y apoyo legal comunitario Ayuda Legal Huracán María (Ayuda Legal) al  Departamento de la Vivienda local (DV) el pasado viernes 25 de mayo.

r96077282ba1a4c078bf24dce54c153edbe4-1779959a4a4f140f11037dd5f2b1602e.jpg
(AP Photo/Evan Vucci)

El Gobierno tampoco ofreció oportunidad adecuada de participación comunitaria, contrario a lo que exige la reglamentación federal. Incluso, el Gobierno se basó en datos imprecisos, ofreció un plan vago, ambiguo y  redactado de manera deficiente, viciando por completo el borrador del Plan. Además, el plan carece de mecanismos adecuados que aseguren confiabilidad y transparencia en el manejo de dichos fondos.

"Estos problemas de vaguedad, la falta de mecanismos para evitar la corrupción con estos fondos, la poca relación entre los proyectos propuestos y  las necesidades que las propias comunidades han identificado a ocho meses del paso de los huracanes, son el resultado de un plan apresurado, sin espacio de participación y dirigido a otros intereses" señaló la Lcda. Ariadna Godreau-Aubert, coordinadora de Ayuda Legal.

“Ni estas vistas ni el término de comentarios fueron suficientes para ofrecer la información y los mecanismos adecuados para que la gente participe, defienda la integridad de sus comunidades y exija una recuperación justa y equitativa después del desastre”- concluyó.

La Lcda. Mariel Quiñones Mundo, parte de Ayuda Legal, indicó que  “aunque la participación ciudadana es un requisito a nivel federal, el Gobierno incumplió de distintas maneras con ese requisito. El Gobierno ni siquiera hizo accesible la información sobre el proceso en español. Se hicieron vistas públicas que realmente fueron pro forma, que no fueron debidamente notificadas a las comunidades y a las que principalmente acudieron alcaldes a presentar sus proyectos. Muchas de las propuestas de los municipios contemplan el desplazamiento de comunidades históricamente vulnerables, las cuales no han sido escuchadas, pues no se les ha dado oportunidad real para ello.”

Este borrador del Plan solo está relacionado con los primeros $1.5 mil millones de dólares, del total de  $18.5 mil millones en fondos CDBG-DR. Por ende, esta primera asignación debe dar prioridad a las necesidades más urgentes, priorizando las necesidades de vivienda digna de las poblaciones más vulnerables.