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Aún cuando la actual administración de Ricardo Rosselló ha sido la que más beneficios le ha dado al sector religioso y de base de fe del país, el pulseo entre Fortaleza y el caucus legislativo del Partido Nuevo Progresista (PNP) por los derechos de la comunidad LGBTT y de las mujeres parece acentuarse cada día más.
Prueba de esto es lo sucedido hoy con el Proyecto del Senado 1,000 (P. de S. 1,000), que busca prohibir la práctica de las terapias de conversión en niños y adolescentes. A pesar de que había sido aprobado por el alto cuerpo de la Legislatura, el P. de S. 1,000, fue colgado en la Cámara de Representantes apenas dos horas después de que el propio Rosselló confirmara que vetaría el Proyecto del Senado 950 (P. de S. 950) que restringe el derecho al aborto.
¿Coincidencia? No parece. Según le confirmó a El Calce una fuente de entero crédito con vínculos en el Capitolio que exigió anonimato, el proyecto se colgó porque “en el caucus de mayoría del PNP se determinó que el Gobernador no ha hecho ni firmado nada a favor de los sectores de base de fe de Puerto Rico, pues colgó [el proyecto] de libertad religiosa y [dijo que vetaría] el del aborto”.
La senadora Zoé Laboy, una de las proponentes del proyecto, se mostró muy entristecida al reaccionar a la noticia.
“Me entristece. Yo respeto la decisión pero no estoy de acuerdo. Creo que este asunto es tan importante porque el propósito principal de este proyecto es proteger a los menores. Ameritaba que se dieran vistas públicas”, expresó a la periodista María de los Milagros Colón.
“De hecho, una de las preguntas que tenían las compañeras y compañeros era si en Puerto Rico hay estadísticas de esa conducta, sobre estas terapias. La contestación es que no. De hecho les confesé que cuando comencé a trabajar con el tema yo misma no conocía mucho del tema pero todos estos meses he tenido la oportunidad de escuchar muchas víctimas”, agregó Laboy.
Hoy en la mañana, Laboy salió de un reunión y les dejó la petición de que hicieran vistas públicas, pero se enteró por los medios de la decisión. Ella pedía que abrieran el espacio en las vistas, precisamente para escuchar a las víctimas.
Por su parte, el senador Juan Dalmau, otro proponente del proyecto indicó que “esto es fuera de serie”.
“Ni en tiempos de Juego de Tronos. Parece mentira que se cambien escaños por púlpitos. Cada momento y tema tiene su lugar y consideración. El PS 1000 es una medida para proteger derechos humanos”, acotó el senador por el Partido Independentista Puertorriqueño (PIP).
Mientras, este diario digital logró contactar al director del consejo asesor de asuntos de la comunidad LGBTT, el licenciado Alberto Valentín.
Aunque con tono frustrado y sorprendido ante la llamada, Valentín recurrió a la prudencia, resaltando que no era una decisión cameral que esperaba pues “esta administración ha sido una de las que más ha promovido derechos humanos, no solo para la comunidad LGBTT, sino también para el sector de base de fe”.
“El gobernador de Puerto Rico es uno de los pocos gobernadores que ha tenido un asesor de base de fe dentro de Fortaleza. Y no solo eso, este cuatrienio se aprobaron guías de libertad religiosa para la aplicación en distintos sectores, se aprobaron oficinas de base de fe y de libertad religiosa en las principales agencias del Gobierno, se aprobó el proyecto sobre escuelas-iglesias recogido en el Plan para Puerto Rico”, destacó el también asesor legislativo del Gobernador.
Tras conocer la decisión, El Calce habló con el licenciado Alberto Valentín, director del consejo asesor de asuntos de la comunidad LGBTT, a la derecha ( Archivo).
“Todos estos compromisos programáticos del Gobernador con el sector de base de fe, se han cumplido. También, si hay alguien que ha cumplido sus compromisos a favor de la comunidad LGBTT, ese ha sido el gobernador de Puerto Rico”, acotó, lamentando lo sucedido en la Cámara de Representantes.
El licenciado Valentín dijo que este suceso no puede servir para desalentar la lucha por los derechos LGBTT y que hay que mirar a todas las políticas públicas que han logrado mejorar en agencias como el Departamento de Corrección, ASSMCA, ASES y el Departamento de Salud, donde se logró la primera orden administrativa para lidiar con asuntos de identidad en el registro demográfico.
El P. del S. 1,000 fue presentado en la cámara alta por los senadores Eduardo Bhatia, Zoé Laboy, Juan Dalmau y Miguel Pereira. Pasó con amplio respaldo de los tres partidos en el Senado, además del aval del senador independiencte José Vargas Vidot. En su contra tuvo siete votos, todos del PNP: el senador por el distrito de Humacao, Miguel Laureano; la senadora por el distrito de Bayamón, Migdalia Padilla; el senador por el distrito de Arecibo, Chayanne Martínz; las senadoras por acumulación Iztamar Peña y Margarita Nolasco; el presidente del Senado, Thomas Rivera Schatz; y, por supuesto, la senadora por el distrito de Carolina y gran favorita de los sectores de fe, Nayda Venegas.