Caso federal por fraude con viejitos puede llegar hasta la pena de muerte (Sonido)

Esto llora ante los ojos de Dios.

La fiscal federal Rosa Emilia Rodríguez Vélez habló el jueves sobre las acusaciones contra la dueña de un hogar de cuido de ancianos y otras cuatro persona que en un futuro es elegible para la pena de muerte.

“Imagínense este escenario. Una señora que tiene este hogar de ancianos, donde ella se supone que los cuide y les dé cariño y atención. ¿Qué sucede? Les sacan unas pólizas de seguro a alguno de esos ancianos por 100 mil dólares. Ese es el escenario del caso que estamos presentando inicialmente", dijo la fiscal en conferencia de prensa.

Según el pliego acusatorio, Luz Santiago Torres y Fernando Santiago, quienes eran propietarios del Hogar Sueño Feliz en Juana Díaz, con la ayuda de los vendedores de seguros Jimmy Santiago Burgos, Félix Rosa Rosa, José Rivera Esparra y Ulises Feliciano- Caraballo conspiraron delinearon y participaron en un esquema para defraudar a compañías de seguros, al aplicar, pagar y recibir la compensación monetaria del asegurado, que supuestamente no sabía que tenía una póliza a su nombre.

Fueron 7 compañías de seguros y radicaron más de 30 pólizas fraudulentas. El caso es elegible para pena de muerte, porque según Rodríguez Vélez hubo cuatro asegurados, en cuyas pólizas había una cláusula que otorgaba compensaciones mayores si su muerte se daba en circunstancias violentas. Los hermanos José Torres Cruz y Margarito Torres Cruz murieron atropellados -en fechas distintas, el 31 de octubre de 2009 y el 2 de junio de 2018- a pasos del hogar que administraba Luz Santiago Torres.

“Estamos hablando de un caso bien triste. Cuando un caso como este, donde hay unas muertes- por el mismo modus operandi- donde arrollan a un peatón en una carretera que es carretera de estas de pueblo y casi al frente de la acusada número 1 ocurrieron dos muertes en fechas diferentes de dos hermanos. Los dos asegurados fraudulentamente por esta señora y los coacusados. Estas personas no sabían que estaban asegurados y lo que faltaba para poder cobrar la póliza era que los mataran y eso fue lo que pasó", dijo la fiscal en conferencia de prensa.

“Si vas a los informes de la Policía, vas a ver que solamente ellos dos han muerto atropellados en esa calle. Esta investigación continúa. Y si encontramos la evidencia más robusta, no solamente circunstancial- por conclusiones,  que para mí están más que claras- pero a nosotros nos interesa hacer las cosas más blanco y negro y vamos a encontrar que esto es un caso elegible a pena de muerte", añadió.

En el caso de Daniel Santiago Ramos y Reinaldo Santiago Torres, murieron en dos tiroteos, uno el primero de julio de 2011 y el segundo el 28 de agosto de 2012.

“Estamos investigando, para ver si añadimos cargos de pena de muerte, porque la información que tenemos es que hubo unos disparos a propósito para cobrar el seguro. No fue por narcotráfico ni nada por el estilo", sostuvo.

La fiscal mencionó que aunque tienen evidencia documental en este caso, lo que falta para la radicación de pena de muerte es, entre otras cosas, vincular a las personas que arrollaron y los involucrados en los tiroteos con los supuestos conspiradores.

“Estamos buscando más personas también, pero queríamos sacar este caso rápido y después corroborar si hay más víctimas", expresó.

La fiscal federal mencionó que la identidad de los ancianos se obtuvo como parte de la documentación que se requiere para que pueda estar en un hogar. Para las personas a las cuales se les robó la identidad, pero que no estaban en el hogar ni tenían vínculos con el mismo, se explicó que los supuestos conspiradores utilizaron varias herramientas para obtener la información.

Por estas acusaciones, estas personas se exponen a una pena máxima 20 años de prisión. Si se consiguen las piezas de evidencia restantes, la fiscalía federal presentará acusaciones elegibles para la pena de muerte.