Casi una cuarta parte de la población en PR sufre alguna discapacidad

De acuerdo a la Encuesta de la Comunidad realizada por el Censo para el año 2016, Puerto Rico tuvo una comunidad de personas con discapacidades equivalente al 21.3% de la población. Mientras que de esa población el 8.2% son menores de 18 años con discapacidades y un 15.1% mayores de 18 años.

De esta manera, lo informó la licenciada Surimar Quiñones Suárez, del Departamento de la Familia (DF), durante la primera audiencia pública conjunta de las Comisiones de Seguridad Pública y de Salud de la Cámara, que presiden los representantes Félix Lassalle Toro y Juan Oscar Morales Rodríguez, en torno al Proyecto de la Cámara 1420, del representante Pedro “Pellé” Santiago Guzmán, para crear el “Registro de Personas Encamadas de Puerto Rico”.

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“En Puerto Rico para el año 2013, había 556,018  o 15.47% de personas mayores de 65 años de la población total según el U. S. Census Bureau, (2015).  Para ese mismo año, el grupo de adultos de 60 años en adelante representó ese 21.3% o unas 784,110 personas. Sería bueno incluir en la propuesta a las personas discapacitadas que viven en sus casas, debido a que  Familia certifica los Centros de Envejecientes y las Égidas, pero no tiene constancia de los encamados que viven en su propias casa o con familiares”, informó la funcionaria.

Agregó, que la Agencia trabaja para actualizar el Registro de los Centros de Envejecientes y Égidas. Sostuvo que esto aportaría a la información del registro de pacientes encamados que se pretende crear y que no existe en Puerto Rico.

Mientras que el Comisionado Interino del Negociado del Manejo de Emergencias y Administración de Desastres del Departamento de Seguridad Pública, Carlos Acevedo Caballero, indicó que hay un proyecto de ley mediante el cual ya se está trabajando  establecer en cada Municipio un  refugio especializado.

“…Que tenga planta eléctrica, cisterna, para pacientes que necesiten ventilador o estar conectados a algún sistema del que dependan para vivir.  El colapso de las comunicaciones afectó grandemente a las personas encamadas y con problemas de movilidad y por ello muchos puertorriqueños, que se encontraban encamados para la fecha del huracán María, vieron sus vidas en riesgo por los efectos de la emergencia. En la mayoría de los casos, ni el estado, ni los gobiernos municipales tenían conocimiento de su ubicación exacta ni de las necesidades que sufrían”, expresó Acevedo Caballero.

Mientras que el representante Lassalle Toro, adelantó que encamina varias medidas de su autoría y otros correligionarios, entre las cuales está facilitar a los alcaldes el acceso y ayudas para los refugios médicos que el Negociado del Manejo de Emergencias y Administración de Desastres está estableciendo en cada municipio.

“Tenemos a nuestros alcaldes que estaban trabajando arduamente con los refugios pero no contaban con las herramientas necesarias  y el Estado debe proveérselas. Son los primeros que llegan a sus constituyentes para socorrerlos y  nosotros los representantes llegamos después. Esto no se puede quedar en papel. Vamos a llevarlo a la práctica para que no nos ocurra lo que nos pasó con María, que habían muchos planes en muchos centros que atiende a esta población y a los pacientes de diálisis y no estaban elaborados como debían”, expresó Lassalle Toro.

Igualmente, recomendó que debe incluirse en la propuesta la emisión de una identificación a los familiares o cuidadores de los pacientes encamados para casos de emergencia y que estos puedan tener acceso más rápido a gasolina, alimentos, agua, entre otras necesidades sin dejar a los pacientes solos demasiado tiempo poniendo en peligro sus vidas.

Incluso, el representante Morales Rodríguez también expresó su preocupación por el acceso a la gasolina. Recomendó, que se destine por lo menos un garaje de gasolina en cada municipio que supla el preciado líquido a las empleados de gobierno y privados de primera respuesta, como los policías, bomberos y enfermeras, entre otros, ya que para el huracán María, hubo conflictos al dejarlos adelantar en las filas.

De otra parte, mencionó que en el caso particular del Precinto 3 de San Juan de sus constituyentes, se le había informado que abrirían ocho refugios y no se abrió ninguno. Adjudicó que solo abrió el &#39School of San Juan’ para los familiares de los  empleados del Municipio de San Juan, despachando a los demás a Estadio Roberto Clemente. Dijo que “estoy en conversaciones con el Departamento de la Vivienda para que eso no vuelva a ocurrir. El estadio le quedaba muy lejos a muchos”.

De otra parte, Morales Rodríguez, señaló que debe ser el DF y no el Negociado del Manejo de Emergencias y Administración de Desastres, como propone la medida, la agencia encargada del registro y su administración. Agregó, que se debe establecer si el mismo será  voluntario o mandatorio y que se nutra el registro de fuentes de datos que se pueden utilizar. Mencionó como ejemplo las personas que solicitaron el voto encamado durante las pasadas elecciones, que fueron unas 10,353. Lo que consideró que podría ser parte de la data.

“Otra data que se puede utilizar es la de &#39ASES’ del &#39Departamento de Salud’, que tiene los números de los pacientes que reciben una cubierta especial que en su mayoría están encamados porque padecen de enfermedades catastróficas. Consideró además que la manera de  mantener el registro sería con el uso  del mismo sistema que utiliza la Comisión Estatal de Elecciones  (CEE) para que sea uno confiable.

Mientras que Edna Quiñones Álvarez, del Departamento de Salud expresó su disposición de colaborar con el desarrollo del Registro. Indicó, que Salud ha colaborado de antemano con esfuerzos similares que permitan el poder aumentar la preparación de la ciudadanía  y de las agencias de respuesta.

Al mismo tiempo, recomendó que se incluya en la propia ley el proceso de implantación de la misma. Opinó que “daría más fuerza en su cumplimiento e implantación. Además, se debe definir los criterios de inclusión del Registro y el procedimiento para resguardar la privacidad  de la información médica de estas personas”. 

Asimismo, el licenciado Emilio Ruiz Ginés asesor de la Oficina del procurador del Paciente, observó que “el registro sería de gran utilidad al momento de alguna emergencia y que el mismo debe incluir la información de los familiares responsables por la persona encamada”.