Camarero: una máquina de dinero que corre con caballos lastimados y maltratados

Una crónica investigativa del CPI.

Es viernes y es día de cobro. Abuelo dice que de vez en cuando es bueno apostar unos pesitos “para probar la suerte”. Por eso estamos en una agencia hípica preparando un cuadrito, con mascarilla puesta, las manos pegajosas por el hand sanitizer y unas cuantas “orejitas” sobre la mesa. Quiero jugarle a un caballo que hace cinco años no corre. Se llama Cachupito y es el número once de la sexta carrera. Los hípicos aquí se ríen cuando ven el nombre del caballo en la revista hípica. A sus doce años, Cachupito sería el “tajo” clásico, porque su última carrera fue en 2016 y luego del huracán María pasó buen tiempo desnutrido y abandonado en las cuadras del hipódromo.

No es normal ver un caballo tan viejo en un programa de carreras. Tampoco ver a un caballo reaparecer luego de cinco años de inactividad. “Pero [en el Hipódromo] Camarero se ve de todo”, dice abuelo. “De las siete carreras que hay hoy, cinco son por el reclamo más bajo [$4,000], caballos que no están bien. Imagínate, un viernes de cobro y cinco de las seis carreras válidas para el Poolpote son para caballos viejos o lastimados”. Los “caballos de reclamo” son aquellos que, a cambio de una suma establecida de dinero, pueden pasar a otro dueño que los reclame durante la tanda hípica. En Puerto Rico los caballos de reclamo son la orden del día.

Abuelo dice que con Cachupito voy a botar mi dinero. “Vas a regalar los chavos”, asegura riéndose. “Ese caballo ni debe estar en el programa”.

Puede que hable con razón. Es la segunda vez en lo que va de año que Cachupito aparece en el programa “listo” para correr. La primera ocasión fue retirado en el arrancadero, porque el veterinario determinó que estaba cojo. Aquí en la agencia hípica nadie se explica cómo Cachupito sigue activo.

El 13 de abril el director ejecutivo de la Comisión de Juegos del Gobierno de Puerto Rico, Orlando Rivera Carrión, firmó una orden ejecutiva para exigirle a la administración del Hipódromo Camarero, así como a dueños y entrenadores, los inventarios de jaulas disponibles y caballos activos e inactivos en las cuadras. Esa información debía estar disponible antes de emitida esta orden y actualizada en los archivos de las autoridades gubernamentales, según estipulado en el reglamento del área de cuadras. Pero el Gobierno, encargado por ley de regular y fiscalizar todo lo relacionado a las carreras de caballos en la Isla, apenas sigue el rastro de los purasangres desde hace años.

Según el Negociado del Deporte Hípico, en un conteo relámpago que hizo la Comisión de Juegos entre febrero y marzo se identificaron 615 caballos importados y 583 nativos en el área de cuadras del hipódromo. De esos, alrededor de 200 purasangres estaban inactivos o llevaban fuera de competencia más de 45 días, como el caso de Cachupito, en violación al Artículo 16 del reglamento del área de cuadras. Es decir, llevaban meses o años encerrados en sus jaulas.

Me concentro en mi apuesta. No le digo nada al abuelo y sigo leyendo la revista hípica. Hay otro caballo que pasó más de un año inactivo en el área de cuadras del hipódromo. Se llama Reportero y antes del 2020 estuvo 26 meses enjaulado, sin competir en una sola carrera oficial, según los registros de Equineline. Hoy partirá de la posición número uno cuando abran las compuertas en el mismo evento que Cachupito.

En marzo, Reportero se lastimó. Ese día al abandonar la carrera recibió una “suspensión indefinida” del veterinario de turno, documentada en el informe que sometió el Jurado Hípico, que supervisa y administra las jornadas competitivas. Pero aquí está el ejemplar, como alternativa para efectos de las apuestas de esta tarde. En abril corrió dos veces, pero sus patas ya no daban para mucho más y llegó muy lejos del primer lugar.

“Es que hay que rellenar las carreras”, reclama abuelo. “En la sexta [carrera] uno juega al favorito en línea y ya”. Abuelo sugiere seleccionar al caballo con más posibilidades de llegar primero y olvidarse del resto. No hago caso. Cachupito corre, termina último, distanciado, casi caminando, pero sigue vivo. Ahora que sé lo que pasa tras las compuertas, la idea de apostarle a un caballo que no está en condiciones para correr me resulta problemática.

caballitos

Responsabilidades no rinden carrera

A unos 15 minutos de la agencia hípica, en las entrañas del Hipódromo Camarero, el presidente está en su oficina. Ervin Rodríguez fue banquero por muchos años y hoy, además de ser el principal ejecutivo de la empresa operadora del único circuito hípico de Puerto Rico, es dueño y criador de caballos que corren aquí. Trata de explicarme cómo un caballo que lleva cinco años sin correr puede ser inscrito en una carrera.

“No, eso no existe. Jamás”, exclama y suelta una carcajada. “Un caballo para poder correr tiene que pasar una carrera de aprobación [prueba no oficial para certificar que el animal está apto para competir oficialmente]. Eso no puede pasar en ningún momento. Eso no pasa, eso no puede pasar”, insiste, acompañado por el director de Facilidades y Utilidades de Camarero, Antonio “Tony” Hernández, quien asiente con la cabeza.

Rodríguez reconoce que el hipódromo no hace referidos a las oficinas del Gobierno “a menos que ocurran eventos extraordinarios. Y eso es por oído. Nos dicen que vayamos a la cuadra tal y va la seguridad y chequea. Si pasa algo, se hace un informe al Negociado del Deporte Hípico”, asegura. Sobre el seguimiento a los purasangres en el área de cuadras, indicó que “nosotros tenemos vigilantes 24 horas que están velando las operaciones o cualquier ilegalidad”. Sin embargo, eso no ha impedido que en múltiples ocasiones se denuncien patrones de maltrato en las cuadras o el abandono de ejemplares fuera de los predios del hipódromo, como sucedió a principios de este año con la yegua La Carmelita.

Al fondo de la oficina de Rodríguez hay una vitrina con trofeos que complementa con el brillo de su escritorio de madera. Las paredes pintadas recogen la iluminación de este  espacio aclimatado con aire acondicionado. La escena contrasta con el ambiente de las cuadras, donde son muchos los que por el pago mínimo dan la milla extra entre gallinas, excremento de caballo, fango y pastizales que no se atienden con el mismo cuidado que esta oficina.

Ni Rodríguez ni Hernández aparentan saber del historial de Cachupito o de Reportero. A los caballos de reclamo muy poca gente los recuerda, porque son demasiados. “Deja ver cómo te explico esto”, dice Rodríguez luego de presentarle el ejemplo del primer caballo. “Los ejemplares que van a correr hoy fueron inspeccionados ayer [por un veterinario de la Comisión de Juegos]. Ayer un caballo pasó la inspección, pero detrás de la gatera encontraron que no estaba apto para correr. ¿Qué pudo haber pasado? En la jaula tiró una patá o caminando hacia la pista ocurrió algo”, teoriza.

La administración del hipódromo tampoco recibe ni solicita informes diarios a las clínicas veterinarias ubicadas en el área de cuadras. Los veterinarios de la Comisión de Juegos evalúan a los caballos antes y después de correr. El hipódromo da por sentado que cada caballo que llega a la pista lo hace en óptimas condiciones, “porque así está en el reglamento”.

Actualmente, hay dos clínicas veterinarias en el área de cuadras, una bajo la Confederación Hípica y otra bajo la Puerto Rico Horse Owners Association (PRHOA), las organizaciones que reúnen parte de los dueños de caballos. También hay veterinarios que operan de forma independiente, y en la cuadra 11 trabajan los veterinarios de la Comisión de Juegos. Según Rodríguez “nosotros [Camarero] podemos pedir el récord de un caballo a los veterinarios” a pesar de que ese procedimiento no es compulsorio. “Decimos: ‘mira, nosotros tenemos una reclamación aquí, quiero que me des el récord de tal caballo’. Pero eso [llevar registros y el historial médico de los caballos] es responsabilidad de ellos [los veterinarios]”.

De acuerdo con el reglamento de carreras, durante la planificación de las competencias, es el Secretario de Carreras el encargado de asegurarse de que los caballos propuestos para competir cumplan con todos los requisitos. Es ese funcionario el responsable de informar toda inscripción que sea indebida, negligente o con la intención de llenar una carrera para evitar que se declare desierta o incompleta. El reglamento establece que en estos casos se debe realizar una investigación para imponer sanciones y penalidades.

“Estamos estandarizando los procedimientos para cumplir”, justifica el secretario de Carreras, Robert Taylor, en mi visita al área de cuadras. “Para lograr la estandarización tenemos que mantenernos firmes y establecer cuáles son los procesos. Ya todo el mundo sabe y tienen conocimiento, pero a veces por ser un poquito más laxos, porque no se cumple con ciertas cosas [al momento de la inscripción de un caballo en una carrera], se agilizan los procesos. Pero no podemos agilizar sin que se cumplan los requerimientos”, me dice el funcionario que ocupa el cargo desde este año, aunque por más de un lustro ha trabajado en esa oficina.

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(Robert Taylor | Todas las fotos: Nahira Moncourt, CPI)

Unos días después de mi visita, la yegua Harlan Daisy corrió en Camarero. Estuvo inactiva por más de un año en las cuadras y fue inscrita sin un solo entrenamiento documentado. Las autoridades hípicas la descartaron para efectos de las apuestas, pero permitieron su participación. La fiscalización de las autoridades gubernamentales se limitó al aspecto económico y no veló por el bienestar del animal. Finalizó penúltima, en la quinta posición, y sus dueños cobraron el 4% ($240) del premio de la carrera ($6,000), la partida correspondiente según la reglamentación.

Producir o la vida

Todos los veterinarios que operan en el Hipódromo Camarero tienen que recibir una licencia de las autoridades que regulan el hipismo. Pero responden directamente a los duenõs de caballos: los de la Confederación Hípica, el grupo de la PRHOA y los dueños que operan de forma independiente.

“Lo que rige o lo que podemos hacer por los animales, decidir si van a correr o qué medicamento se les da, eso es bastante estándar”, me explica el doctor Ricardo Loinaz, uno de dos veterinarios especializados en medicina deportiva que trabajan desde el hipódromo y quien está encargado de liderar la clínica de la Confederación Hípica.

“Hay caballos con los que se puede hacer más [dar mejores tratamientos] por los recursos económicos de sus intereses. Si las limitaciones del dueño no permiten que se haga la opción A, pues se trata de hacer la opción B y quizás hay que llegar hasta la opción C. El valor económico de todos los caballos en el hipódromo no es igual. Eso rige las opciones y las condiciones”, continuó Loinaz, quien detalló que llevar registros y realizar informes sobre lo que se hace o se deja de hacer en su clínica o con cualquier ejemplar en competencia no es parte de su rutina, y nadie se lo exige. “Las clínicas llevan sus propios récords”, subrayó. “En los momentos en los que nos hemos juntado todos para discutir cómo van las cosas en el hipódromo, que usualmente es cuando hay una mala racha de lesiones consecutivas, vemos si hay algo distinto o más allá del riesgo inevitable. Es información que nosotros mantenemos consistente, pero no es algo que se divulgue compulsoriamente o que sea parte rutinaria con relación al Negociado del Deporte Hípico”, dice.

A pesar de los reglamentos y de la fiscalización que el Gobierno y la administración del hipódromo se supone que hagan, los veterinarios no están obligados a informar sobre lo que hacen y dejan de hacer en las clínicas. El hipódromo opera en su burbuja, los veterinarios en la suya y el Gobierno en la suya. Cuando ocurre algo grave con los animales, entonces salen a buscar los datos que necesitan. Mientras tanto, todo el mundo va por su cuenta. No existe un universo estadístico que enlace a todos los componentes de la industria y a las autoridades gubernamentales encargadas de regularla y fiscalizarla.

Según informes obtenidos por el Centro de Periodismo Investigativo (CPI), alrededor de 900 caballos fueron sometidos a eutanasia entre 2017 y el 2020 en la clínica de la Confederación Hípica. Documentos adicionales muestran que hubo caballos eutanizados en esa misma clínica entre el 2015 y 2016. La suma de purasangres sometidos a inyección letal supera los 1,400 entre 2015 y 2020. En un lustro se sometieron a eutanasia más caballos de los que hay hoy en el área de cuadras del hipódromo en condiciones para correr (alrededor de 1,000 entre nativos e importados, de acuerdo con la información que proveyó el Negociado del Deporte Hípico).

Estas listas de la Clínica de la Confederación Hípica las preparan los veterinarios por su cuenta y no incluyen todas las muertes de purasangres ocurridas en el hipódromo, ni las que ocurren fuera de los predios de Camarero. Son resultado de una gestión de los veterinarios que no es parte de ningún protocolo oficial. El Negociado del Deporte Hípico dice que a la fecha no cuentan con un récord oficial de eutanasias realizadas en la pista de Camarero cuando un caballo se fractura una de sus extremidades o sufre un percance de gravedad, ya sea durante una tarde de carreras o durante los trabajos matinales. “Se ordenó a que a partir de este año en adelante se deberá llevar uno”, me aseguró el director del Negociado, Richard Simmons. Sin embargo, no existe una orden administrativa de la Comisión de Juegos que confirme las expresiones de Simmons. Cuando pregunté sobre dónde consta esta instrucción, el jefe de personal de la Comisión de Juegos, Alexis Berríos, confirmó que se trató de una comunicación interna directamente con la clínica veterinaria. No hay documentos. La instrucción se dio en marzo, el mismo mes en que ocurrió la entrevista….

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