La presidenta del Banco Gubernamental de Fomento (BGF), Melba Acosta Febo, informó hoy que el gobierno cumplió con los pagos de deuda e intereses programados y anunció una orden ejecutiva del gobernador Alejandro García Padilla para redirigir ingresos disponibles.
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La orden ejecutiva OE-2015-46 establece que el Estado comenzará a redirigir ciertos ingresos a la luz de las estimaciones de ingresos revisadas recientemente y su situación de liquidez en deterioro.
De conformidad con la orden ejecutiva, ciertos ingresos disponibles pueden ser redirigidos, de conformidad con los requisitos constitucionales, a pagar la deuda pública.
Así, Hacienda podrá retener, para la aplicación de los pagos de deuda pública, ciertos ingresos asignados a determinadas empresas públicas que, por ley, constituyen recursos disponibles.
“Los pagos del servicio de la deuda de hoy reflejan nuestro compromiso de honrar nuestras obligaciones a pesar de los desafíos fiscales extremas que enfrentamos, en un esfuerzo para facilitar un proceso de reestructuración voluntaria con nuestros acreedores”, dijo Acosta Febo.
Sin embargo, pidió que “no nos engañemos, la posición de liquidez de Puerto Rico está muy limitada en este momento a pesar de las medidas extraordinarias adoptadas por el gobierno para mejorarlo”.
La funcionaria se mostró esperanzada en que las medidas tomadas sirvan “como una clara indicación de que la intención es de honrar nuestras obligaciones en la medida posible sin interrumpir los servicios públicos esenciales. Sin embargo, las posiciones fiscales generales de la isla siguen siendo tenues”.
Añadió que “en las siguientes semanas, vamos a seguir para tener discusiones con nuestros acreedores sobre el apoyo a la creación de un camino sostenible hacia adelante para el país. Para tener éxito, este curso de acción implica sacrificios compartidos de todos nuestros grupos de interés, entre ellos nuestros acreedores”.
A su vez, solicitó al Congreso de EEUU “actuar responsablemente y proporcionar a Puerto Rico la ayuda que necesita. Si el Congreso no puede proporcionar un marco legal para el alivio de la deuda, las posibilidades de llegar a un resultado exitoso disminuirán significativamente”.