Becas Pell y certificación: Situación similar pero distinta a la de 2010 (2da. parte)

Tres recintos con problemas de elegibilidad para los fondos federales y hasta la posposición de la graduación en Río Piedras, según supo El Calce.

Eso es lo que hay ahora, y, aunque la paralización académica de la Universidad de Puerto Rico es la realidad cotidiana actual, la reacción combativa estudiantil es apenas el capítulo más reciente de una saga en la que tanto los administradores de la institución como el propio Gobierno federal cargan protagonismo.
 

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En la primera parte de nuestro artículo sobre la realidad de los fondos federales y el Recinto de Río Piedras de la Universidad de Puerto Rico (UPRRP), y cómo la principal institución de alta enseñanza del País perdió la elegibilidad bajo el Título IV de la Ley Federal de Educación Superior para participar de los programas de ayuda económica estudiantil.

Sí, tiene que ver con la paralización de las labores académicas. Vimos el punto de vista oficialista de la rectora interina Carmen Haydé Rivera Vargas y el del Consejo General de Estudiantes (CGE), mediante la reacción de su vicepresidente Jaime Rivera Velázquez.

Pero esto, persona que nos lee, es un proceso de estiércol bien condensado, mucho más allá que la combativa reacción de un estudiantado.
 

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En esta ocasión, le echaremos un vistazo a como durante los pasados años la administración universitaria ha caído bajo el microscopio federal por sus irresponsabilidades. Y ahora es que más apesta el pedo, en el peor momento posible, con una Junta de Control Fiscal impuesta por el Congreso federal empujando recortes grotescos a la UPRRP y un gobierno nacional presto, a todas luces, a cargarle las maletas.

Esta desastrosa coyuntura histórica la UPRRP la enfrenta con una certificación provisional impuesta en octubre del año pasado, todo gracias a una mezcla de irresponsabilidad administrativa por parte de la institución y la apatía del Gobierno federal, que tampoco había hecho mucho para supervisar esto en el principal centro docente de su colonia… hasta recientemente.

Quizás el ex procurador estudiantil René Vargas lo resumió mejor al dialogar con El Calce: “Es una cosa bien difícil para los estudiantes porque por un lado tienes lo de los recortes de la Junta y por otro lado tienes esta dinámica que corre paralela. Veamos.
 

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La presidenta del CGE, Wilmari De Jesús, señaló que, conforme al reglamento del Título IV de la Ley Federal de Educación Superior, a la rectora interina Rivera Vargas le tocó responder al Gobierno federal en ruta a la . Todo esto se debe a que el Recinto se encuentra bajo una certificación provisional debido a numerosas irregularidades e irresponsabilidades administrativas que están bajo lupa federal desde 2013.

“Cuando se hace una paralización del Recinto, como estamos en una certificación provisional, la propia institución tiene que enviar informes y actualizaciones sobre la situación. Ya luego de cinco días de paralización, la institución tiene que enviar una carta oficial sobre lo que sucede y lo que se determinó en la asamblea de estudiantes”, en ruta a la determinación de inelegibilidad.
 

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En reunión extraordinaria durante la noche de ayer, jueves, el CGE aprobó redactar una misiva a los funcionarios del Departamento de Educación Federal con la intención de auscultar alternativas que permitan viabilizar el acceso a los fondos federales.

Pero, ¿y qué pito toca lo otro? ¿Por qué fue que a la UPRRP se le dio una certificación provisional? Sucede que durante años, la administración del Recinto incurrió en serias irresponsabilidades con respecto al manejo de los fondos federales, principalmente con respecto al manejo de  las becas y de los recursos económicos otrogados mediante la National Science Foundation (NSF).

Anibal Yariel López Corea, quien fuese representante estudiantil ante la Junta Universitaria en 2014, recordó un ejemplo concreto de situaciones que contribuyeron a la imposición de una certificación provisional. En 2012, la universidad fue puesta en probatoria por la NSF “porque a grandes rasgos había una incompatibilidad entre la cantidad de horas en el día y la cantidad de horas trabajadas por parte de algunos investigadores”.
 

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“Había gente que trabajaba 40 horas al día y facturaba eso, tanto a la UPR como a la NSF. Al NSF darse cuenta del asunto hace el señalamiento, pero cuando la institución no hace nada al respecto, la ponen en probatoria”, explicó.

Tan pronto la NSF puso en probatoria al Recinto, otras agencias federales que otorgan fondo a la UPRRP para investigaciones – como el National Institute of Health, la NASA y el Departamento de Defensa, al igual que el Departamento Educación Federal – alertaron a la institución de que si no arreglaban esas irregularidades, se ponían en riesgo los fondos.

Entonces, están las irregularidades con las becas. López Correa resaltó que “se daban casos de que habían estudiantes que se daban de baja y no se hacía el ajuste de cálculo al respecto”. Por ejemplo, de 12 créditos que se necesitaban para recibir la beca, se suponía que se recalculara cuando se daban de baja y el Departamento de Asistencia Económica nunca lo hizo, causando irregularidades.
 

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“Otra irregularidad era que algunos profesores no informaban si los estudiantes iban o no a clases, pero aun así se les entregaba la beca. Eso lo señaló el Departamento de Educación federal en 2013 y se le hizo una auditoría a la UPRRP, al Recinto de Mayagüez y al de Cayey. En 2015, a pesar de haberles dado dos años a la UPR para reaccionar, la institución no actuó como debía actuar y por eso es que se puso en riesgo de perder la certificación”, rememoró López Correa.

René Vargas, procurador estudiantil durante el año académico de 2015 a 2016, coincidió en que “la razón por la cual la universidad ha tenido problemas en el pasado con los procesos de auditoría y de certificación de ayudas federales responden a la entrega tardía de los estados financieros auditados y al incumplimiento de las normas de desembolso en algunos Recintos. Y eso tiene que ver con cómo se toma la asistencia en los salones y cuándo se desembolsan las becas”.
 

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Entonces, miremos lo que sucedía en el Congreso de los Estados Unidos durante ese momento. El entonces presidente de los Estados Unidos, Barack Obama, ícono de las políticas de siglo XXI del Partido Demócrata, se encontraba en una batalla campal con el Congreso republicano de ultra derecha, buscando defender su presupuesto. Los republicanos le tiraron con todo a Obama, y empezaron a darle más importancia a las entregas de estados financieros que correspondieran a las ayudas federales de corte social, principalmente la educación y la salud.

Las cosas que se pensaban pequeñas se volvieron de repente importantes, más cuando de soltar chavos se trataba. La historia dicta que, tradicionalmente, la UPRRP fallaba en esta cosa de recalcular las becas de acuerdo a la asistencia de los estudiantes, pero, asimismo, el Gobierno federal pichaba a la hora de fiscalizar. Pero esta tendencia llegaría a su fin, al igual que muchas otras de beneficio para la educación accesible.
 

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“Por ejemplo, en 2010, cuando Obama y los republicanos peleaban por los presupuestos, las ayudas estudiantiles fueron bajadas. Antes con un estado financiero de $32 mil anuales, aplicabas para Beca Pell y te la daban completa, ahora es con uno de $23 mil”, subrayó López Correa. “Se le empezó a dar más importancia a la entrega de estados financieros”, tanto para las aplicaciones de las becas, como a la forma en que las instituciones las manejan.

Tampoco la administración universitaria de la UPRRP fue muy asertiva tras la advertencia posterior a la auditoría de 2013, que ponía en peligro el fondo debido a un posible retiro de su certificación. López Correa recordó que “la UPRRP falló durante más de tres años en entregar estados financieros a tiempo, eso no pasó en 2010”, lo que propició la certificación provisional, que deberá revisarse en el 2021, a menos que suceda la rareza de que se le quiera retirar la certificación completamente.
 

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“Se corre un riesgo posible, aunque no sé si es probable. Eso nunca ha pasado y es bien difícil que suceda en una institución pública”, señaló López Correa.

Ante todo esto, ¿dónde está la Junta de Gobierno de la UPR, la misma que recientemente rechazó el Plan Fiscal que entregase la presidenta interina Nivia Fernández? La pregunta la hacemos, pues, a pesar de que la situación actual es propiciada de inmediato por la paralización de las actividades académicas, esta junta aún no acuerda reunirse con los líderes estudiantiles.

Gilberto Domínguez, representante estudiantil en la Junta de Gobierno de la UPR, indicó que ha enviado dos emails sobre este asunto al alto mando del organismo. No recibió contestación en el primero, pero luego del segundo se le contestó que el tema de la reunión con los estudiantes “se atendería en la reunión extraordinaria del 24 de abril por instrucción del vicepresidente de la Junta, el ingeniero Carlos H. Del Río”.
 

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Así las cosas, la encrucijada que enfrenta la UPR se agudizó durante la tarde de hoy. Después del comunicado principal durante la mañana de hoy, la rectora interina Rivera Vargas indicó que Betty Coughlin, Directora de la División de la Participación Escolar de la Región Nueva York-Boston, del Departamento de Educación Federal, notificó también a las unidades de la UPR en Ponce y la UPR en Humacao, la pérdida de su elegibilidad.

Las comunidades universitarias de estas instituciones han sido de las más combativas en contra de los recortes que busca imponer la Junta de Control Fiscal y de las primeras en recurrir a la protesta y la paralización de actividades académica. El ánimo de protesta global en la realidad universitaria, empero, parece que no menguará. Al mismo cierre de la edición de este artículo, El Calce confirmó con una fuente de la administración de la UPR que la graduación fue pospuesta. Esto va para largo.