Ay mamá... Buscan establecer escuelas correccionales

Una medida que establecería un nuevo sistema de escuelas correccionales y ofrecerá alternativas de educación secundaria diferenciada será llevada a vistas públicas el próximo 19 de enero, señaló el presidente de la Comisión de Educación en el Senado Abel Nazario Quiñones.  Esta, a su vez crearía  la Ley Habilitadora de la Educación Correccional.

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El sistema de escuelas correccionales estaría adscrito al Departamento de Educación, aunque tendría autonomía operacional para implementar objetivos y disposiciones.

El autor del Proyecto del Senado 722, Nazario Quiñones, dijo que la educación que reciban los confinados debe caracterizarse por el fomento de espacios de participación, preparación académica, confianza en sus capacidades y disciplina. 

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La Exposición de Motivos de la pieza indica que la educación de los confinados es el factor más importante dentro del proceso de rehabilitación. Al atender efectivamente las deficiencias educativas de los confinados, se logra que el proceso de rehabilitación se lleve a cabo de manera integral y que el individuo se supere y se convierta en un ser humano productivo.

Según Nazario, “el compromiso de la Asamblea Legislativa es con todo el Pueblo de Puerto Rico, sin distinción de condiciones y tenemos la responsabilidad de velar por los derechos de aquéllos que se encuentran privados de su libertad, razón por la cual no pueden ser escuchados en iguales condiciones que el resto de la libre comunidad”. El también presidente de la comisión senatorial de Educación y Reforma Universitaria añadió que “siendo la rehabilitación de la población correccional un mandato constitucional, esta Asamblea Legislativa entiende que es necesario identificar continuamente programas e ideas dirigidas a garantizar un proceso favorable de rehabilitación”.

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Según estadísticas del Departamento de Corrección y Rehabilitación, para el año 2014 había 514 menores en instituciones juveniles que reflejaban una relación directa con el Perfil del Menor Transgresor del 2011, análisis publicado por la Administración de Instituciones Juveniles, donde un alto por ciento de los jóvenes transgresores eran desertores escolares. En la población penal de adultos en Puerto Rico, para finales del año 2010, el 56.8% contaba con una educación de undécimo grado o menos. Los servicios educativos y los procesos administrativos concernientes al Departamento de Corrección y Rehabilitación dificultan que estos confinados logren finalizar sus estudios y puedan reinsertarse efectivamente a la sociedad.