La dirigente magisterial Eva Ayala, presidenta del grupo sindical Educamos, arremetió contra la empresaria, abogada y aspirante a la gobernación Alexandra Lúgaro, con relación a los millonarios contratos de la empresaria con el Departamento de Educación (DE).
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“Uno de los grandes problemas en el DE es la privatización de los servicios. Miren a Alexandra Lúgaro, quien dice que si ganara la gobernación, su compañía no haría más negocios con el DE, ¡pues claro! Si ya han facturado más de 40 millones. Así, cualquiera”, señaló.
La dirigente sindical se refiere a la empresa América Aponte & Asociados, propiedad de la madre de la candidata Lúgaro, que tiene contratos de adiestramiento a maestros.
“Y esta no es una información nueva, ella misma lo admitió en una entrevista en la emisora WPAB de Ponce”, aseguró Ayala.
Los comentarios de la sindicalista se emitieron ayer en la tarde, durante el “Diálogo por la Educación” celebrado en el Senado, con el auspicio de la Comisión de Educación y Formación del Individuo. En la actividad participaron educadores y sindicalistas de la Asociación de Maestros de Puerto Rico y la Federación de Maestros, entre otras agrupaciones.
Informes de prensa apuntan a que el DE canceló algunos contratos con América Aponte & Asociados, aunque sigue manteniendo varios contratos con la empresa bajo otros programas.
Actualmente existe un contrato con la Secretaría Auxiliar de Educación Vocacional y Técnica para desarrollo profesional de unos 700 maestros ocupacionales y otro bajo la empresa The Metropolitan New School of America, también propiedad de la misma América Aponte, con la Secretaría Auxiliar de Servicios Educativos a la Comunidad para por una propuesta titulada Prepa (Puerto Rico English Program for Adults) del Programa de Educación para Adultos.
Ayala recordó que el 20 de marzo pasado, el FBI allanó la oficina de la empresa educativa de la abogada y candidata Alexandra Lúgaro, y el portavoz del FBI en Puerto Rico, Moisés Quiñones, confirmó en aquella ocasión que se ejecutaron 17 órdenes de allanamiento en 13 municipios, junto a la Oficina del Inspector General del Departamento de Educación de Estados Unidos. Luego de esa fecha, no ha trascendido más información sobre el asunto.