Administración UPR y gobierno de PR le mienten al país, afirman profesores

"Todo lo que están haciendo tiene como consecuencia desmantelar la UPR"...

Profesores y profesoras de la Asociación Puertorriqueña de Profesores Universitarios
(APPU), capítulo de Río Piedras, y del colectivo de Profesores Autoconvocados en
Resistencia Solidaria (PAReS), expresaron hoy que el gobierno de Puerto Rico y la
administración central de la Universidad de Puerto Rico (UPR) le mienten al país cuando
dicen que están comprometidos con la permanencia y el fortalecimiento de la universidad
pública.

“Todos los derechos fundamentales de la gente están bajo ataque. El gobierno nos
está dejando desamparados. El 1ro de mayo marcharemos junto a todas las organizaciones
sociales del País para exigir al gobierno que cumpla con su deber” expresó Jimmy Seale,
portavoz de APPU-Río Piedras.

“El gobernador y el presidente de la Universidad dicen que están trabajando para fortalecer
la educación superior pública. Pero todo lo que están haciendo tiene como consecuencia
desmantelar la UPR”, expresó la profesora Yolanda Izquierdo, portavoz de PAReS en
conferencia de prensa frente a la torre de la Universidad. “Tal y como hemos señalado
profesores y profesoras de varios recintos, el presidente de la UPR, Jorge Haddock, no ha
presentado evidencia alguna de que los recortes al presupuesto de la Universidad sean
‘manejables’. Esa ausencia de evidencia mantiene a la UPR en riesgo de perder su
acreditación”, añadió Izquierdo. Los recortes a la UPR alcanzarán los $450 en 2022 y $512
en 2025, equivalente a más del 50% de la asignación presupuestaria total del gobierno de
Puerto Rico a la UPR.

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La UPR como universidad pública era lo suficientemente económica para hacer posible el
acceso a una educación superior de excelencia a miles de estudiantes de escasos recursos
económicos de toda la isla, pero la reducción de personal, los aumentos de matrícula y
cuotas han limitado este acceso. “Las consecuencias de estas medidas, adoptadas sin
justificación alguna, son devastadoras para el funcionamiento de la Universidad y
constituyen una violación a los derechos humanos, afectando directamente el bienestar de
cientos de miles de personas” afirmó la portavoz de PAReS.

En estos momentos la tasa de pobreza se extiende a más de la mitad de la población.
Mientras distintos gobiernos han estado reduciendo el presupuesto del Departamento de
Educación y han cerrado más de la mitad de las escuelas públicas, la administración de
Ricardo Roselló asigna una proporción mayor del presupuesto del DE a contratos con el
sector privado, una cifra que ronda consistentemente los $500 millones. “Según el colega
José Caraballo Cueto, el aumento de $1,190 millones al presupuesto del Departamento de

Educación entre 2017 y el 2020 equivale al presupuesto de la UPR con sus once recintos y
matrícula gratuita para 50,000 estudiantes. ¿Cómo va a fortalecer este gobierno la
educación pública? ¿Acaso van a mejorar las condiciones de vida de quienes laboran en las
escuelas y proveerles todo lo que necesitan para el éxito del estudiantado? ¿O van a
regalarles nuestro dinero a los inversionistas político-partidistas de turno?” cuestionó el
portavoz de la APPU Río Piedras.

Por otro lado, los profesores expresaron preocupación por la propuesta de educación a
distancia. “La educación a distancia no es una solución mágica. Es una estrategia que
también cuesta dinero e inversión de tiempo y esfuerzo que ya está muy limitado para
estudiantes y profesores. El fin de la educación de calidad, sea a distancia o presencial, es el
mismo. No hay justificación para desmantelar la educación presencial en favor de la
educación a distancia” expresó el profesor Juan Meléndez.

Los recortes que ahora impone el gobierno y la Junta de Control Fiscal se suman a una serie
de medidas que han erosionado el presupuesto del sistema UPR. “No nos dejemos engañar.
Los recortes a la UPR dejan a miles de estudiantes fuera, endeudados, sin vivienda
asequible, aumentan la precariedad del trabajo académico y no docente con cientos de
profesores sin plaza y trabajadores no docentes que viven con salarios de pobreza. Pero la
administración de la UPR despilfarra millones en salarios, contratos y gastos innecesarios”,
expresan las docentes.

Los profesores exigieron al gobernador y a todo candidato o candidata que aspire a liderar
el rumbo del País, a que demuestre con acciones su compromiso con la educación
democratizadora, accesible y de excelencia. “Este gobierno tiene que demostrar ahora, con
acciones contundentes, su compromiso con la educación universitaria pública
reconociendo al sistema UPR como servicio esencial y restituyendo la asignación
presupuestaria por fórmula, tal y como se establece en la Ley número 2 de 1966. Lo demás
son cuentos de camino, mentiras para evitar el costo electoral de cerrar la Universidad de
Puerto Rico.”