Activistas LGBTTIQ+ exigen no haya pena de muerte por asesinatos a mujeres trans

Aseguran que la venganza no es sinónimo de justicia

El Comité Amplio para la Búsqueda de la Equidad (CABE) exigió hoy a las autoridades federales que no intenten imponer la pena de muerte en el caso por el doble homicidio de mujeres trans en Humacao.

"La venganza no es sinónimo de justicia. Nuestra Constitución prohíbe expresamente la pena de muerte y nuestro pueblo reafirma esa máxima. Por lo que pedimos que no se intente meter la pena capital por la cocina. Exigimos justicia para Serena Velázquez y para Layla Peláez, pero no queremos quitarle la vida a nadie", aseveró Pedro Julio Serrano, portavoz de CABE.

Más aún, Carmen Milagros Vélez Vega, portavoz de CABE, indicó que aunque satisface a CABE que se haya arrestado a los sospechosos, "estos crímenes de odio no ocurren en un vacío. Ocurren en una victimización que se va dando y se dan las quejas, pero no vemos en la Policía de Puerto Rico un aliado y tampoco a las personas que se supone que nos defiendan desde el estado. Detrás de ellos está el discurso homofóbico y fundamentalista de que nuestras comunidades LGBTTIQ+ valen menos, y de que alguna manera somos criminales también”.

CABE se opone a la pena de muerte "en todos los casos, sin excepción, independientemente del delito del que se trate, de las características del delincuente y del sistema de ejecución utilizado por el Estado. La pena de muerte viola el derecho a la vida y es la forma más extrema de pena, cruel, inhumana y degradante. La pena de muerte no resuelve nada. Inyectando violencia no vamos a terminar con la criminalidad", dijo Osvaldo Burgos, portavoz de CABE.

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Por último, los portavoces de CABE exigieron que las autoridades estatales y federales esclarezcan los restantes siete casos de personas LGBTTIQ+ que han sido asesinadas en los pasados 15 meses. Los casos sin resolver responden a los asesinatos de Kevin Fret, Alexa Negrón Luciano, Emilio Colón, Javier Morales, Carlos Robin Morales, Yampi Méndez y Luis Díaz. En el caso del asesinato de Penélope Díaz, ya se arrestó a un sospechoso tras asesinarla en la cárcel de hombres de Bayamón.

El pasado 1 de mayo, Juan Carlos Pagán Bonilla (Pagán) de 21 años, y Sean Díaz de León (Díaz) de 19 años fueron acusados por medio de una querella en el Tribunal Federal del Distrito de Puerto Rico por usar y portar un arma de fuego durante y en relación con un delito de violencia, en relación con la muerte de dos mujeres transgénero, anunciaron el Fiscal General Auxiliar Eric Dreiband, el Fiscal Federal para el Distrito de Puerto Rico W. Stephen Muldrow y el Director del FBI en Puerto Rico Rafael Riviere. Este caso está siendo investigado por la Policía de Puerto Rico (“POPR”) y el FBI. Pagán y Díaz están bajo custodia federal.

Investigan los asesinatos como crímenes de odio:

La querella alega que el 22 de abril de 2020, la Policía de Puerto Rico fue informada de un vehículo en llamas en Humacao, Puerto Rico. Cuando los oficiales de POPR respondieron al área, encontraron dos cuerpos quemados dentro del vehículo. El 22 de abril de 2020, los familiares de las personas identificadas en la querella como S.A.V.R. (“Víctima 1”) y L.P.S. (“Víctima 2”) informaron que desaparecieron y mencionaron un video de Snapchat en las redes sociales que muestra a ambas víctimas socializando con dos sujetos la noche anterior.

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De acuerdo con la investigación y la inteligencia recibidas por POPR, los dos hombres vistos en el video de Snapchat con las dos víctimas son Díaz y Pagán. El 28 de abril de 2020, POPR detuvo a Pagán en su residencia. Según la información obtenida, los acusados decidieron asesinar a las dos mujeres después de haber compartido con ellas porque se sintieron engañados cuando supieron que ambas eran transgénero.

“Los crímenes de odio son especialmente reprochables debido a los efectos que tienen sobre las víctimas, sus familias, las comunidades que continuamente sufren el discrimen de por razón de su genero u orientación sexual, y nuestro pueblo en general,” dijo W. Stephen Muldrow, Fiscal Federal para el Distrito de Puerto Rico. “Es por esto que la Fiscalía Federal se compromete a utilizar todas las herramientas a su alcance para combatir los delitos motivados por este tipo de intolerancia”, agregó.

El director del FBI en Puerto Rico aseguró a la comunidad LGBTTQ que la agencia federal entiende su angustia y ha escuchado sus reclamos. “Quiero además agradecer a los agentes de la Policía de Puerto Rico, por su gran labor. La cooperación interagencial es clave en estos casos y estamos trabajando juntos para que Puerto Rico sea un lugar seguro para todos y todas”.

Esta investigación sigue en curso. Cualquier persona con información adicional puede llamar al FBI al 1-800-CALL-FBI (225-5342).

La Fiscalía Federal solicitó la detención inmediata de los acusados. El Fiscal Federal Auxiliar José A. Contreras del Distrito de Puerto Rico, la Fiscal Senior Rose Gibson y la Fiscal Especial de la División de Derechos Civiles del Departamento de Justicia de los Estados Unidos Laura Gilson están a cargo de la investigación del caso. Cada uno de los cargos es elegible a la pena de muerte o hasta vida en prisión. Los cargos contenidos en la querella son sólo alegaciones. Se presume que una persona es inocente a menos y hasta que se demuestre su culpa más allá de duda razonable en un tribunal.