El presidente del Senado, Thomas Rivera Schatz, aseguró ayer jueves, que investigará el rol que tomó el presidente y al subdirector ejecutivo de la Junta de Control Fiscal (JCF), José Carrión III y Ramón Luis Comas en la determinación sobre la Ley 47 que restituía jurisdicción al procurador del Paciente contra las aseguradoras privadas de Salud.
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“Los hechos son que el subdirector, Ramón Luis Comas, fue presidente de Triple S. Los hechos son que O’Neill & Borges, además de ser abogado de la Junta, es abogado de las aseguradoras. Los hechos son que estuvieron cabildeando en contra de un Proyecto que el único propósito que tiene es defender al ciudadano en un tema de salud”, dijo Rivera Schatz en declaraciones escritas.
“Vamos a hacer una investigación de hechos y hacer unas recomendaciones que podrían inclusive llegar hasta un referido al FBI porque aquí sin lugar a dudas existe la posibilidad de que alguien esté ejerciendo influencias de manera sutil, solapada y escondida para sus propios negocios, añadió.
Para el presidente de la Cámara de Representantes Carlos Johnny Méndez “tal parece que la Junta protege a esas aseguradoras privadas”.
“Yo me tengo que sentar con el presidente del Senado para determinar un curso de acción de ambos cuerpos, se podría resometer una nueva versión del proyecto”, mencionó Méndez Núñez.
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Méndez Núñez insistió que el proyecto no tiene ningún impacto fiscal en el Gobierno, pero sí para las aseguradoras.
El presidente del Colegio de Médicos Cirujanos de Puerto Rico, doctor Víctor Ramos, reaccionó a las declaraciones de la Junta de Control Fiscal (JCF) sobre la aprobada Ley 47 y aseguró que la medida no representará un gasto para el gobierno más sí para las aseguradoras.
“Eso tendrá costos para las aseguradoras, pero no para el gobierno. La Junta no se tiene que preocupar por las aseguradoras, se tiene que preocupar por el gobierno”, indicó a la emisora radial WKAQ 580.
“Ellas tuvieron la oportunidad de demostrar que significaba costos para el gobierno porque fueron a Fortaleza, y que se les creyera por fe. Ellas están haciendo su cabildeo. Yo espero que el Gobierno defienda esta ley que protege a todos los pacientes de Puerto Rico. Si tenemos que defender la ley en el tribunal, allí estaremos para defenderla. Nuestro llamado a la Junta es en vez de defender ”, declaró.
La ley 47 fue firmada el pasado 23 de julio para enmendar la Ley Habilitadora del Procurador del Paciente y amplía la jurisdicción de la Oficina del Procurador del Paciente (OPP) en casos relacionados a determinaciones sobre servicios de salud bajo las cubiertas de las aseguradoras.
En comunicado de prensa, la JCF indicó al Gobierno de Puerto Rico que la Certificación de Cumplimiento emitida el primero de agosto de 2017 con relación a la Ley 47 no contiene el requerido estimado formal sobre el impacto fiscal de la ley.
“La significativa pérdida de fondos federales para salud que experimentará la Isla hacen tanto más urgente reformar el sistema mediante el cual se le provee el tan necesario cuidado de salud al Pueblo de Puerto Rico. Sin embargo, la Junta estima que la Ley 47 probablemente aumentará los costos del cuidado de salud e impedirá la capacidad del Gobierno de desarrollar modelos efectivos de cuidado de salud que cumplan con los objetivos de ahorros en salud que requiere el Plan Fiscal certificado para alcanzar la recuperación de Puerto Rico”, sostuvo Natalie Jaresko, directora ejecutiva de la JCF en declaraciones escritas.
