La Junta de Retiro de la Universidad de Puerto Rico (UPR) radicó una demanda contra el presidente de la institución universitaria, Luis A. Ferrao Delgado y otros 15 altos ejecutivos en su carácter personal alegando que dejaron de realizar el pago de las aportaciones patronales presupuestadas para el Fideicomiso del Sistema de Retiro durante el año fiscal 2023-24.
PUBLICIDAD
Según se indicó a través de un comunicado, la demanda reclama daños y perjuicios ascendentes a $10 millones, así como daños punitivos no menores de un millón de dólares contra los demandados y sus respectivas sociedades de gananciales.
“La actitud temeraria de los miembros de la Junta de Gobierno UPR contra nuestro fideicomiso de pensiones, así como su evidente menosprecio a los retirados y empleados universitarios ha sido constante en los últimos años y puede provocar la desestabilización de familias enteras porque nuestros pensionados necesitan el dinero que por años acumularon para poder vivir dignamente. Como fiduciarios del Sistema de Retiro UPR, los miembros de la Junta de Retiro UPR tenemos el deber de defender el fondo de pensiones universitarios, así como a todos sus participantes activos y pensionados, y eso es lo que estamos haciendo”, explicó el presidente de la Junta de Retiro UPR, Luis Vicenty Santini, en conferencia de prensa en la cual ofreció los detalles del nuevo pleito legal.
El documento, que fue presentado ante el Tribunal de Primera Instancia de San Juan, indica que los demandados “participaron en las decisiones que resultaron en el incumplimiento de las obligaciones legales, éticas y fiduciarias hacia el Sistema de Retiro”. Además, establece que “las determinaciones de los demandados de no hacer el pago de las aportaciones patronales representan una amenaza directa y significativa para la estabilidad financiera del Sistema de Retiro y de la propia UPR”.
La demanda también incluye a Ricardo Dalmau Santana, Jorge Valentín Asencio, Mayda Velasco Bonilla, Emilio Colón Beltrán, Gonzalo F. Córdova Santini, Daniel Fernández González, Terilyn Sastre Fuente, Martha L. Acevedo Peñuela, Edgard R. Resto Rodríguez, Hermán Cestero Aguilar, Raúl J. Castro Santiago, Simonely Hidalgo Rodríguez y la secretaria del Departamento de Educación, Yanira Raíces Vega, todos miembros de la Junta de Gobierno UPR. El grupo de demandados los completan Julio Micheo Martínez y Wilson Crespo Valentín, vicepresidente interino de Finanzas y director de Presupuesto de la UPR, respectivamente.
La Escritura de Fideicomiso, el Reglamento del Sistema de Retiro UPR, la Ley de la UPR y las certificaciones de la Junta de Gobierno UPR establecen que la universidad está legalmente obligada a realizar aportaciones patronales y periódicas a su Sistema de Retiro.
Sin embargo, denunciaron que la administración universitaria acumula una deuda de $107.7 millones por dejar de hacer aportaciones patronales desde 2015 hasta 2023. En la demanda, se establece que, aunque en el año fiscal 2023-2024 la UPR aprobó en presupuesto una cantidad específica para cubrir las aportaciones patronales al Sistema de Retiro UPR, aproximadamente $38 millones de los fondos fueron desviados por los demandados, sin autorización ni justificación legal, hacia otros fines no especificados.
PUBLICIDAD
“Los demandados, de manera negligente, dolosa e ilícita, desviaron millones de dólares en fondos públicos destinados al Sistema de Retiro de sus miembros y retirados, en contravención a sus obligaciones y en claro menosprecio a la integridad del Sistema y de la salud financiera de la UPR. Esto ha causado graves daños y perjuicios al Sistema de Retiro y, por ende, a los miles de miembros activos y pensionados cuyas inversiones han sido afectadas por las acciones de los demandados.”, explicó el licenciado Rolando Emmanuelli-Jiménez, representante legal de la Junta de Retiro UPR.
Este es el tercer pleito legal concurrente que lleva la Junta de Retiro UPR contra la Junta de Gobierno UPR y la administración universitaria. En mayo de 2023, presentó una demanda por la cancelación del plan de beneficios definidos y la implementación de un plan tipo 401K para nuevos empleados de la UPR. En agosto de ese mismo año, inició el pleito por cobro de aportaciones patronales no recibidas, las cuales, inicialmente, eran $59 millones, pero que, a la fecha, suman $107.7 millones.
“Nuestro norte siempre ha sido buscar justicia para todos los restirados de la UPR y no vamos a descansar en esa encomienda”, concluyó el líder universitario.