Con 33 votos a favor, la Cámara de Representantes aprobó por segunda ocasión hoy, jueves, un proyecto de ley que prohíbe el discrimen por tatuajes y perforaciones corporales (“piercings”) en el empleo, luego de que el gobernador Pedro Pierluis emitió un veto expreso sobre la primera medida radicada a estos fines.
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El Proyecto de la Cámara 1270, presentado por los representantes del Partido Independentista Puertorriqueño (PIP) y el Partido Popular Democrático (PPD), Denis Márquez Lebrón y Jesús Ortiz González, respectivamente, busca declarar como política pública la prohibición de este tipo de discrimen, además, por tener el cabello teñido de colores no naturales en el empleo público y privado.
La medida cameral recibió en los trabajos de la sesión ordinaria el voto a favor de la mayoría de los representantes de las delegaciones del PPD, así como la delegación del Movimiento Victoria Ciudadana (MVC). Votaron en contra la mayoría de los representantes del Partido Nuevo Progresista (PNP), la portavoz de Proyecto Dignidad, Lisie Burgos Muñiz, y Jorge Rivera Segarra por el PPD.
El Proyecto 1270 persigue enmendar la Ley de Relaciones del Trabajo para el Servicio Público de Puerto Rico; Ley Contra el Discrimen en el Empleo; Ley para la Administración y Transformación de los Recursos Humanos y el Código Municipal de Puerto Rico.
Ordena, por otra parte, a todas las ramas del gobierno, instrumentalidades y al sector privado a atemperar sus reglamentos de personal para exponer claramente la prohibición del discrimen sobre las modificaciones corporales que considera la legislación.
El pasado febrero, la Cámara aprobó el Proyecto del Senado 286, que persiguió también prohibir que en ninguna instancia un patrono podrá suspender, rehusarse a emplear, despedir o de cualquier otra forma perjudicar a una persona en su empleo exclusivamente por modificar o alterar permanentemente su cuerpo con tatuajes, “piercings” o cabello pintado.
Sin embargo, la legislación aprobada en ese entonces con 28 votos a favor y 19 en contra recibió un veto expreso por parte del gobernador Pierluisi. En ese momento, el primer ejecutivo destacó que la medida incluía enmiendas “incompatibles” sobre el Código Municipal y la normativa dispuesta en la Ley para Ponerle fin a la Quiebra.
El proyecto cameral mejoró mediante enmiendas las deficiencias señaladas por el gobernador, y será reconsiderado por el Senado de Puerto Rico.
