De entrada, sepa que este tema es un poco pesado, así que agárrese bien para que no se caiga mientras lee esto.

Puerto Rico ha retrocedido casi un siglo en cuanto a la libertad de expresión y de asociación se refiere. Lo aprobado a viva voz por el Senado de Puerto Rico durante el día de hoy, miércoles, equivale a viajar al pasado, pero en una travesía poca placentera.

Peor aún.

Las enmiendas al Código Penal que se aprobaron durante el día de hoy es parte de una serie de políticas incendiarias para usar “a puertoriqueños contra puertorriqueños” en pos de defender los intereses de una Junta de Control Fiscal que establece el proyecto PROMESA, “un regimen de siete personas comparable a las siete plagas de Egipto”.

 

 

Puerto Rico vive un momento, incluso de dura persecución hacia los independentistas y, más aún, hacia cualquiera que quiera oponerse a las decisiones de la Junta de Control Fiscal. Sucesos como la aprobación de las enmiendas al Código Penal y la designación de Héctor Pesquera como secretario de la nueva Agencia de Seguridad del Gobierno todo esto que hemos dicho en los primeros párrafos de este artículo, frondoso y pico para nuestros lectores de El Calce que quizás anden acostumbrados a algo más ligerito.

Y es que en todo esto que hemos dicho hasta ahora coincidieron varios expertos entrevistados por El Calce: un senador independentista, dos periodistas que recuerdan la época de los asesinatos de Cerro Maravilla y de Antonia Martínez Lágares en la Universidad de Puerto Rico y un abogado especializado en derechos humanos.

Vamos por parte. El Senado aprobó a viva voz hoy, miércoles, una serie de enmiendas al código penal que de firmarlas el gobernador, Ricardo Rosselló, entrarían en vigor inmediatamente. Una de las disposiciones es la penalización de cubrirse el rostro, utilizar una máscara o careta, maquillaje, tinte, o cualquier otro disfraz, completo o parcial, que altere de cualquier forma, temporera o permanentemente la apariencia física de una persona al momento de cometer un delito.

La medida también tipifica como delito menos grave intervenir con las actividades recurrentes de una institución educativa, de salud o de edificios que ofrecen servicios del gobierno.

Por tanto, de continuar la huelga de la Universidad de Puerto Rico, quienes bloqueen los portones estarían cometiendo un delito. Violarían también el nuevo código aquellos que mientras impidan el paso al primer centro docente del país se cubran el rostro. Además, violarían la ley quienes quieran manifestarse bloqueando escuelas, en momento en que hay mucho desasosiego por el anuncio del cierre de más de 180 escuelas que hiciera recientemente la Secretaria de Educación Julia Keleher.

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De la misma forma, se restituyó la Ley Tito Kayak, derogada el pasado cuatrienio, disposición que condena con tres años de cárcel detener las obras de construcción públicas o privadas que cuenten con los debidos permisos que establece la ley. En la mañana el presidente del cuerpo, Thomas Rivera Schatz, dejó entrever en una conferencia de prensa que el cambio en la vigencia del proyecto –originalmente propuesto para comenzar 90 días posterior a la aprobación del primer ejecutivo- se dio por los sucesos de protestas que se han llevado a cabo en los pasados días.

“Ojalá que se apruebe esta tarde, y el gobernador lo firme esta noche. Lo que pasa es que no entra en vigor hasta que el gobernador lo firme”, dijo Rivera Schatz, dejando entrever que todo esto se ha hecho para que la ley entre en vigor ante el interdicto judicial emitido para reabrir los portones del Recinto de Río Piedras.

Ese interdicto fue emitido luego de una demanda que realizara un grupo de estudiantes de la Escuela de Derecho de la UPR, entre ellos Anamar Menéndez González, una exdonante de Rivera Schatz que actualmente posee un contrato en la Legislatura. O sea, la situación en Puerto Rico apesta por todos lados y si te da por protestar puedes acabar en la cárcel.

“Esta es la nueva Ley de la Mordaza”, le dijo sin tapujos a El Calce el abogado y senador por el Partido Independntista Puertorriqueño (PIP) Juan Dalmau.

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“El propósito de esto es desestimular la acción social por medio de la protesta, al punto que te dice que no puedes, mediante protesta, entorpecer la entrada a centros gubernamentales cuando por definición la protesta es frente a centros gubernamentales precisamente pporque simbolizan el poder del Gobierno”, agregó Dalmau a la vez que señalaba otra incongruencia de esta situación.

“Es un proceso deshonroso, no solo porque aprobaron una nueva Ley de la Mordaza, sino porque es aprobada en el Salón Leopoldo Figueroa, que era un estadista republican que en la década del ‘40 denunció la Ley 53, que era la Ley de la Mordaza. ¡Estos estadistas de ahora están como Muñoz Marín en el ’47! ¡Es increíble!”, exclamó Dalmau por teléfono.

El senador, quien se opuso a los cambios al Código Penal, destacó que “la perversidad de esto radica en que las decisiones que están causando el furor social son acciones provocadas por la legislacion de PROMESA y las determinaciones de la Junta de Control Fiscal, y entonces esta gente en la Legislatura esta estableciendo un codigo criminal para penalizar a quien proteste”.

“Están usando a puertorriqueños, en este caso a la Policía, para pelear con puertorriqueños, mientras los representantes del capital estadounidense ni se ensucian las manos. Están haciéndolo el trabajo sucio a la Junta, usando a puertorriqueños contra puertorriqueños”, puntualizó Dalmau con tono enérgico.

Dalmau puso la situación actual en el mismo marco de referencia de otros sucesos de represión gubernamental en Puerto Rico, como “la persecusión nacionalista de finales de los ’40 y la década del ’50, las confrontaciones con el ROTC en los sesenta y setenta, los encontronazos con la Policía en 1981 que provocaron la muerte de Antonia, y las huelga de la decada del ’90, como la de la Telefónica, cuando arrastraban personas heridas por la brea”.

Según Dalmau, “ante las protestas, la respuesta del Gobierno no ha sido de una retórica incendiaria, por todos lados”, incluyendo la designación de “alguien lleno de prejuicios como Pesquera, que viene del FBI, para que supervise a la coronela Hernández en la Policía, que viene del campo militar”.

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“Los prejuicios de Pesquera son enormes y son prejuicios manifiestos. Le preguntaron que qué opinaba de los sectores independentistas que se oponían a su nombramiento y dijo que a él no le extrañaba porque él era una persona que hacía cumplir la ley, dando a entender en su prejuicio que el independentismo constituye una violacion a la ley. Esto es difícil de digerir”, acuñó Dalmau.

El senador, empero, enfatizó en que habría que ver si las enmiendas al Código Penal que se aprobaron pudiesen ser anticonsticuionales, pues “tienen un lenguaje muy vago a la hora de hablar, por ejemplo, de encapucachos en la acción de cometer delito”.

Con Dalmau coincidió el expresidente del Colegio de Abogados y estudioso del derecho constitucional y de los derechos humanos, Eduardo ‘Tuto’ Villanueva. Villanueva, empero, dijo que “hay que hacer la salvedad que se especifica que lo de taparse la cara se penaliza durante la acción de cometer delitos”.

“Ahora, eso de cometer delitos queda para ser intepretado por el policía que vaya a a hacer algún arresto. Yo estoy en contra, porque yo creo que esto es criminalizar las protestas en términos generales e incluso criminalizar la protección contra agresiones que al rostro, como los gases lacrimógenos y gas pimienta”, explicó el veterano letrado.

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“Entonces, ¿qué es comisión de delito, cuando en un acto de protesta aún cabe la presunción de inocencia y varias otras defensas que tienen que ver con el estado de necesidad y con el ejercicio de protección de expresión? Sin duda, es un intento de criminalizar actos de protesta, pero responsablemente y jurídicamente hay que decir que especifica que es durante la comisión de un delito. Claro, esa supuesta comisión del delito es algo muy amplio, porque puede ser un delito menos grave, que no se justificaría que se vuelva grave por tener un antifaz. Ahí tienes una de las doctrinas por las que se pudiera declarar inconstitucional: su lenguaje se puede clasificar de vago o de tan genérico que resulte híperinclusivo”, añadió Villanueva.

Para el también profesor de derecho, esta situación “más que transportarnos a los ’40, nos transporta a los ’30. En la decada del ’30 hubo una gran ola de represión contra el independentismo. Se criminalizó duramente a los independentistas y ni la bandera de Puerto Rico podían utilizar”.

“Pero creo que la mordaza aquí es un tanto mas grave porque hay una dictadura de siete personas, una dictadura colectiva que es la Junta de Control Fiscal, un régimen de gobierno de siete personas no electas por el pueblo que pueden revocar el presupuesto, que no pueden ser demandados, que son financiados por un pueblo que no votó por ellos y que hasta pueden recibir regalos”, apuntó Villanueva.

“Estas siete personas hacen sus deliberaciones en privado, y luego las anuncia, sin transparencia. Estas siete personas no son otra cosa que las Siete Plagas de Egipto”, articuló Villanueva.

Todo este acercamiento del Gobierno al ambiente de protesta que permea en el país evoca, en cierta forma, la atmósfera mediática que reinaba durante los dos cuatrienios en los que Carlos Romero Barceló era gobernador de Puerto Rico, de 1976 a 1984, dos cuatrienios en los que fueron asesinados por persecución política los independentistas Chagui Mari Pesquera, Carlos Muñiz Varela y los estudiantes Carlos Soto Arriví y Arnaldo Darío Rosado, estos dos últimos estudiantes baleados en el Cerro Maravilla en Jayuya.

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“Lo que yo puedo ver en estos momentos es que hay un ambiente del Gobierno siempre alertando y advirtiendo, como pasaba en aquel entonces, que decían que venía el lobo hasta que un día vino, en la forma de asesinatos como el Cerro Maravilla”, apuntó la periodista Laura Candelas sobre cómo las vibras de comunicación que aparenta emitir el Gobierno en estos momentos asemeja aquellos momentos en los que ‘el Caballo’ trotaba en Fortaleza.

“Me parece similar en el sentido en que existe una insistencia nacional en que el mismo Gobierno, con su discurso, insiste en que hay un ambiente polvoriento, de caos, de violencia en el país, cuando, realmente la violencia viene siendo institucional, del propio Gobierno hacia el pueblo”, agregó, mientras tanto, otra periodista, Millie Gil.

“Y con la violencia institucional lo que vas a provocar es violencia de abajo. La historia nos dice que cada vez que el pueblo ha intentado llamar la atención sobre las circunstancias terribles a la que nos llevan los gobiernos que no escuchan, que están empeñados en lo suyo y no hacen caso, siempre ocurre una tragedia. Mira el Cerro Maravilla. Yo espero que no llegue a algo así”, finalizó Gil, resumiendo el tono de desesperanza con el que se manifestaron todos y cada uno de los entrevistados.

*Ronald Ávila cooperó con esta historia