Una carta que circula desde la pasada semana y va firmada por más de 70 profesionales, académicos y obreros de las ciencias clama por que la Cámara de Representantes rectifique su posición con respecto a las cinco cuerdas de costa en el balneario de Isla Verde.

A principios de junio, la Cámara pasó la Resolución Conjunta 94 del Senado que busca obligar al Municipio Autónomo de Carolina a ceder parte de su Balneario a un ente privado. La misma fue radicada el 15 de marzo de 201 por el senador Eric Correa, cuyo conocimiento de las ciencias y el medioambiente es una incógnita.

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“Los que aquí firmamos nos oponemos a que se construya otra estructura en el Balneario de Isla Verde, a pocos metros de la orilla, por la sencilla razón de que lo que ha sucedido, está sucediendo, y sucederá en las costas de Puerto Rico, y en el resto del planeta, nos ilustra de que no podemos seguir avanzando hacia el mar’, comienza la misiva firmada por más de 70 científicos.

“Todo lo contrario, es hora de empezar a retirarnos del mismo. Como dijo un reconocido geólogo, en las playas hay que pensar a largo plazo. No podemos gastarnos el lujo en esta isla de seguir construyendo estructuras en playas como esas y en cuestión de 10 años, o menos, encontrarnos con el mismo problema que ya tenemos en otros lugares, del mar amenazando la estructura. Y como un libreto muy bien leído y practicado, entonces vienen las solicitudes de proteger la estructura mediante paredes, piedras, y hasta los infames gaviones (los remanente de estos últimos ya cubren la parte Este del Balneario). Y hasta allí llegó la playa”, prosigue la declaración.

Carta Científicos oponiéndose a que cedan terrenos al Marriott by Hermes Ayala on Scribd

Y es que “construir otra estructura en lo que queda de playa de arena en el Balneario estará condenando ese tremendo recurso natural a una muerte mucho antes de lo anticipado debido al aumento en el nivel del mar y las tormentas cada vez más frecuentes e intensas”.

“Y más cuando esa playa no tiene cómo adaptarse debido a que no puede retroceder ya que la carretera #187 la bordea por el sur. Es hora de hacer valer la Constitución de Puerto Rico, que en su Artículo VI, Sección 19, dice “Será política pública del Estado Libre Asociado la más eficaz conservación de sus recursos naturales…”. La Isla no aguanta más”, apuntaron los cientificos.

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Desde hace un poco más de 13 años, las organizaciones Amigos del M.A.R. y la Coalición Playas Pal Pueblo (la cual agrupa unas 10 organizaciones) han denunciado la otorgación de un contrato ilegal a la compañía HR Properties, hoy conocida como CH Properties pertenecientes a los dueños del hotel Courtyard Marriott de Isla Verde. La controversia se ha dilucidado en los tribunales del país, concluyendo en marzo de este año con la expropiación del contrato, por parte del Municipio de Carolina.

De igual forma, el Departamento de Recursos Naturales y Ambientales determinó, en 2016 que tres cuartas partes del terreno se encuentran dentro de los límites de la Zona Marítimo Terrestre (ZMT), lo cual invalida todo intento de desarrollo edificado y de carácter privado en el área. Pero para los que se oponen a esta medida, lo único que busca la misma es utilizar el poder legislativo para favorecer los intereses económicos de una empresa, por encima de los intereses del pueblo y obviar la separación de poderes entre el sistema judicial y el legislativo.


La postura de los ambientalistas es cónsona con la de cerca de 80 expertos en temas de conservación de costas, planificación y científicos, los cuales mediante una carta expresan su rotundo rechazo a continuar las malas prácticas de construcción en las costas del país. Como alternativa las organizaciones han desarrollado un proyecto piloto de reforestación, el cual ha permitido la recuperación de manera natural de la playa, demostrando la capacidad de recuperación de nuestros recursos costeros, ante la erosión y su capacidad de resiliencia ante el Cambio Climático.

A su vez, las organizaciones denuncian la incongruencia de posturas de algunos miembros de la Cámara y el Senado, los cuales se han opuesto tenazmente a la venta de otros recursos costeros o han legislado para establecer política pública ante el Cambio Climático y por el contrario favorecen la privatización y la destrucción del único espacio en el litoral metropolitano entre San Juan y Carolina que no cuenta con intervención humana edificada.

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